La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Eduardo Medina Mora, admitió la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal en contra del Estado de Chihuahua para que se defina si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local, el mal llamado amparo de Peña Nieto.
El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de conformidad a lo previsto en el artículo 105, fracción I, constitucional, la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 7º del Código Penal del Estado de Chihuahua.
El alto tribunal destaca que atendiendo a los precedentes del Tribunal Pleno en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local, sin que la admisión prejuzgue si lo que se ha demandado es o no inconstitucional.
Pero lo más importante es que se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que “de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”.
En la decisión se destaca que la “suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso”.
La medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por la Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales.
Hasta este momento no se tiene conocimiento de quienes podrían ser, en su caso, los funcionarios federales que son investigados por el gobierno de Chihuahua. Esta es una cuestión que se sabrá en el momento en que la Suprema Corte reciba las constancias correspondientes.
El gobierno de Chihuahua considera que esta controversia constitucional es una maniobra del titular del Ejecutivo Federal para evadir su responsabilidad por una supuesta desviación de recursos federales a campañas políticas, y ya anunció que impugnará la decisión y que solicitará al nuevo gobierno se desista de esta acción, sin embargo, la propia ley prohíbe ese desistimiento.
De quedar firme la suspensión, Chihuahua estaría obligado a detener cualquier acto hasta que no se resuelva el fondo de la controversia constitucional.
Si se trata de una maniobra para evadir responsabilidad, la realidad es que no tiene futuro. Pero si se implementó con el fin de ganar tiempo, están alcanzando su objetivo.
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