Bebidas azucaradas producidas por la embotelladora

Al analizar la revisión de un juicio de amparo promovido por la empresa Compañía Embotelladora del Fuerte, S. de R.L. de C.V., la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una votación dividida 3 contra 2, consideró inconstitucional la prohibición de venta de alimentos y bebidas que no favorezcan la salud de los educandos como los refrescos por violar la libertad de trabajo y de comercio previstos en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La principal disposición objeto de la controversia es el artículo 24 Bis de la Ley General de Educación, que faculta a la Secretaría de Educación para emitir los lineamientos que regulen la venta y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, “dentro de toda escuela, en cuya elaboración se (deberán cumplir) los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud”, y los lineamientos que en consecuencia se emitieron en 2014.

El argumento de la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Salud, era que permitir la venta de este tipo de alimentos es “ponderar la libertad de comercio sobre el derecho humano a la salud”.

Los ministros de la mayoría no consideraron esto suficiente, al destacar que la actividad que realiza la empresa no está prohibida constitucional ni legalmente; los objetos que comercializa son lícitos y porque quien los adquiere en las escuelas de educación superior (universidades) son adultos que no requieren de una tutela especial por parte del estado, como sí sucede con los menores.

También se rechaza el argumento de que se concede la libertad irrestricta para comerciar alimentos nocivos, porque la autoridad debió acreditarlo, aunado a que no existe restricción alguna general conforme a las normas de salud para que se produzcan esos alimentos.

“La venta, distribución y expendio de refrescos, tés, jugos y néctares o bebidas energetizantes, entre otras, no está prohibida ni por la Carta Magna ni por la Ley…” señalan la resolución.

También los ministros señalan que aunque la disposición “… tiene como finalidad procurar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con el propósito de evitar la obesidad en los gobernados, que pueden provocar enfermedades tales como hipertensión, diabetes, cáncer, lo que determina una gran erogación para el Estado”, no existe “…prueba pericial que arroje datos lesivos a la salud de las personas…” o “… el porcentaje de personas dañadas precisamente por el consumo de productos como los que oferta la empresa quejosa”, o al menos no fueron aportados a juicio”.
 
Finalmente subraya que las autoridades imponen a las mercancías que comercializa la quejosa “… una naturaleza de daños perniciosos como si se tratara de substancias dañinas, lo cual no se justifica en la expedición de las normas ni se probó, pues los niveles y cantidades que se plasman en el anexo reclamado, no están sustentados ni en prueba ni con dato científico que le dé apoyo”.

Este amparo permitirá que la compañía pueda comercializar sus mercancías sólo en las universiadades no asi en el resto de los niveles del sistema nacional de educación.

Aquí cabría preguntas ¿por qué las universidades facilitan el consumo de estos alimentos en sus comunidades en lugar de combatirlo? Sobretodo si existe una declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México.

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