En al menos la Ciudad de México, Chihuahua y Puebla, distintos abogados en lo particular o a través de sus organizaciones tanto civiles como políticas, han tomado la iniciativa de presentar amparos en contra del aumento a los combustibles, como una forma de enfrentar esta decisión tomada por el gobierno federal.
El aumento de las gasolinas deriva de la eliminación del subsidio que se destina al precio de la misma, el aumento de los impuestos que se le aplican y de la liberalización de los precios para que empiece a venderse a precios de mercado.
El fundamento legal de estos aumentos se encuentra en los artículos transitorio décimo primero y décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
El artículo décimo primero deroga las fracciones III y V del artículo Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.
Básicamente en esas disposiciones se establecía una banda de precios mínimos y máximos para la gasolina y el diésel en el ejercicio fiscal 2017.
Asimismo, se derogan la fracción I y el último párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, que establecían que para el ejercicio fiscal 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel sería establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo, y, a partir del 1o. de enero de 2018 los precios se determinarían bajo condiciones de mercado.
Derogadas estas disposiciones, el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos para este año establece la entrada en vigor de un esquema diferenciado de precios a partir de una regionalización y un calendario de apertura gradual.
Así, el regidor panista Alfredo Chávez Madrid de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, ha promovido un amparo en contra de la Ley de Ingresos de la Federación al considerar que existe una clara violación al principio de “Equidad Impositiva”, lo cual se traduce en cobrar un impuesto de manera general a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta la capacidad económica de cada persona.
Asimismo, se considera violatorio que se establezca una diferenciación de precios por la regionalización del país, que carece de una debida fundamentación y motivación.
En Puebla, Gonzalo Castillo Pérez, presidente del Grupo Litigium en el estado, explicó que la medida viola el principio de legalidad ya que carece de la debida fundamentación y motivación al no haber presentado información sobre el gasto de producción, almacenamiento y distribución de la gasolina; así como los elementos considerados para la regionalización del país y el establecimiento de distintos precios para cada región, aunado a que los impuestos y precios se sujetan a las capacidades de contribución de la población en general y no a localidades.
En la Ciudad de México el amparo promovido por José Oscar Valdés Ramírez es en contra de la liberación y zonificación del precio de la gasolina con el argumento de que al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y demanda del mercado de consumo se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley
En Guerrero, Jalisco y Baja California Sur se promueven amparos semejantes.
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