El Consejo de Estado de la República de Colombia, máxima autoridad de la jurisdicción Contencioso Administrativa, declaró la semana pasada que el homicidio del periodista Jaime Garzón Forero, ocurrido en agosto de 1999, fue una “ejecución extrajudicial” perpetrada por paramilitares aliados con agentes del estado y por tanto el estado colombiano es responsable.
En su decisión de 69 páginas, el Consejo de Estado declaró el homicidio como un delito de lesa humanidad porque se dio en medio de un ataque generalizado y sistemático “propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONG, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.)”.
Jaime Garzón Forero, quien además de periodista era abogado y comediante, falleció a los 38 años de edad en la capital colombiana, Bogotá, asesinado por dos sicarios que viajaban en motocicleta y que estaban vinculados con Carlos Castaño Gil, jefe de un grupo paramilitar que le había estado enviando amenazas de muerte. El presidente de Colombia al momento del homicidio era Andrés Pastrana.
Derivado de la investigación, el Consejo de Estado concluyó que Jaime Garzón Forero había sido seguido por órdenes del entonces subdirector del organismo de seguridad colombiano, DAS, José Miguel Narváez, y por el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de una brigada del ejército. Esta información fue entregada a Castaño Gil.
Pese a que Narváez y Plazas Acevedo están siendo penalmente procesados y todavía no hay pronunciamiento sobre su culpabilidad en el homicidio del periodista, el Consejo de Estado señaló que “son evidentes” los nexos de ellos con Castaño Gil y que es “innegable la participación de los primeros en el execrable crimen cometido en contra del periodista Jaime Garzón, el que facilitaron al suministrar información de sus conversaciones y movimientos”.
“Siendo función del Estado a través de las Fuerzas Militares salvaguardar la vida de los ciudadanos, se torna inconcebible e infame que sus propios agentes establezcan alianzas con grupos ilegales con el fin de permitirles la comisión de delitos y facilitar su presencia y acción”, se lee en el fallo de Consejo de Estado, que manifiesta, además, preocupación por el “crecido número de condenas contra el Estado colombiano” por nexos y colaboración entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Al haber responsabilidad del estado colombiano, el fallo otorga dos meses de plazo para que el comandante del Ejército y el director General de la Policía realicen un acto de excusas públicas a la familia del periodista.
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