La Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó revisar la legislación de Nueva York y Connecticut sobre el control de armas de asalto aprobada en estos estados tras el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, y que convirtieron en delito el vender o poseer armas de asalto.
Aunque el rechazo de la Suprema Corte no sienta un precedente, al menos tácitamente aprueba el control de armas en los estados o localidades que decidan imponer esta medida.
En octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito en Nueva York, confirmó la prohibición casi en su totalidad. Aunque se reconoció que las armas afectadas eran de uso común y que su posesión estaba protegida por la Segunda Enmienda, el tribunal de apelaciones determinó que la legislación era constitucional al haber sido aprobada por la Asamblea Constitucional de los estados.
El juez del tribunal de apelaciones señaló que estas leyes fueron creadas “específicamente para evitar balaceras masivas como en Newtown, en el que el tirador utiliza un arma de asalto semiautomática”.
Los demandantes, por su parte, afirmaban que los eventos como los de Newton “eran particularmente raros y por lo tanto, aunque incluso la legislación se considere exitosa, tendría un 'impacto mínimo' en los delitos más violentos”.
En su petición ante el alto tribunal, los demandantes sostienen que las leyes de Connecticut y Nueva York violan el derecho a la defensa propia de sus ciudadanos y prohíbe armas que son usadas para actividades de caza o para usos recreativos.
Los legisladores demócratas del Congreso han pedido a los republicanos ampliar los controles y evitar el acceso a las armas a los sospechosos de poder cometer actos terroristas y a las personas incluidas en “listas de vigilancia” de las agencias de inteligencia, como el FBI y la CIA.
Hace ocho años fue la última vez que la Suprema Corte estuvo dispuesta a revisar un caso sobre el control de armas, en el caso llamado Distrito de Columbia v. Heller, en el que se revisó una legislación local excepcionalmente estricta y en que prevaleció el derecho constitucional de tener armas en el domicilio. Desde entonces, los jueces no se han pronunciado sobre ese derecho.
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