Frente a la ola de críticas por una disposición propuesta en la iniciativa de Constitución de Tailandia según la cual la actual junta militar retendría cierto poder sobre el Congreso, el gobierno militar impulsó una nueva ley según la cual se castigará con hasta diez años de prisión a toda persona que haga una fuerte campaña sobre el referéndum que se celebrará sobre la aprobación de la nueva Constitución.
La ley fue ratificada el pasado viernes por el rey de Tailandia, por lo que se trata de una disposición con plena vigencia. Esta ley también fue ratificada por el primer ministro Prayut Chan-o-cha jefe de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de estado de mayo de 2014.
Desde que el poder fue tomado por los militares se ha estado redactando una nueva Constitución que deberá ser aprobada por los tailandeses para ser vigente. En esta nueva Constitución, la junta militar ha establecido que el Senado será controlado por la junta al reservar un cierto número de curules para los militares, quienes podrán comprobar las facultades de los legisladores electos para el período de transición de cinco años.
Debido a la oposición que dicha disposición ha encontrado, se emitió la Ley del Referéndum que fue publicada el 22 de abril en la Gaceta Real. Se trata de una estricta ley que castiga desde los actos de campaña hasta el tomar fotografías de las boletas electorales una vez marcadas.
Lo que más ha llamado la atención es que mientras la Sección 7 de la ley protege el derecho de los tailandeses de expresarse libremente y de difundir sus ideas de forma honesta y en consonancia con las leyes vigentes, la Sección 61 limita ese derecho al disponer que textos, imágenes o sonidos que sean “inconsistentes con la verdad o realizados de forma violenta, agresiva, ruda, incitadora o amenazante con el objetivo de evitar que un votante emita su voto o que vote de una determinada forma o que no vote, serán considerados disruptivos del referéndum”.
La previsión incluye los comentarios emitidos en radio, televisión, medios impresos, electrónicos o cualquier otro medio.
Los individuos que incurran en esta conducta serán sancionados con hasta diez años de prisión, mientras que, si se cometen en grupo de más de cinco personas, cada integrante será sancionado con penas de uno a diez años de prisión, la imposición de multas de 20,000 a 200,000 baht, US$570 a 5,700, y la revocación de derechos electorales por diez años.
El referéndum se llevará a cabo el próximo 7 de agosto pudiendo votar todos los ciudadanos tailandeses mayores de 18 años.
La ley también prohíbe el hacer apuestas sobre los resultados; el uso de fuerza, amenaza o sobornos para influir en los votantes; la destrucción o daño a las boletas lo que será sancionado con prisión y multa; y, tomar fotografías de la boleta electoral una vez que se llenado, lo que será sancionado con prisión de hasta cinco años y/o la imposición de una multa.
Esta Ley del Referéndum, que ha sido criticada por pretender silenciar las voces opositoras a la junta militar, se ratificó días después de que el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, se hubiera manifestado en contra del aumento de la represión de los militares a los disidentes.
Como dato adicional cabe señalar que de ser aprobada esta Constitución será la vigésima en estar vigente en Tailandia en menos de un siglo.
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