Edificio de la CPI en La Haya

En la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, Países bajos, se verificó este 1 de marzo la audiencia de confirmación de la presentación de cargos en contra de Ahmad al-Faqi al-Mahdi acusado de crímenes de guerra por la destrucción de monumentos históricos en Tombuctú, Malí, durante la ocupación de los rebeldes Tuareg entre 2012 y 2013, siendo la primera vez que ante la CPI se presenta un caso por destrucción cultural.

Después de la caída del régimen de Muammar Gadafi en Libia, rebeldes Tuareg regresaron a Mali con la intención de tomar el control político. Estos grupos se establecieron en el norte del país y se dividieron en varios grupos: el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, MNLA por sus siglas en inglés, grupo rebelde Tuareg; El grupo islamista Ansar Dine que dice librar una guerra santa; y el Movimiento por la Unidad y Jihad en África Occidental, Mujao. Todos ellos establecieron en la zona ocupada la aplicación estricta de la Sharia o ley islámica, llevando a cabo actos que causaron un repudio generalizado, como lapidaciones, amputaciones, prohibición para escuchar música y la destrucción de monumentos y documentos históricos.

El acusado en este proceso ante la CPI, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, es presentado por la fiscalía como un miembro de Ansar Dine y el líder de un escuadrón anti vicio llamado Hesbah, que en 2012 ayudó en la aplicación estricta de las normas de la Sharia.

Para estos rebeldes, los monumentos erigidos en Tombuctú o Timbuktu, eran blasfemos por lo que destruyeron templos medievales y tumbas de santos sufís, incluyendo la mezquita de Sidi Yahya, construida en 1440 y en cuyo interior estaba el mausoleo de Sidi Yahya quien fue nombrado el primer imán y con quien inició la historia de la mezquita como un gran centro de aprendizaje. Estos edificios destruidos fueron nombrados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Además de los edificios, los rebeldes quemaron, robaron o destruyeron unos 4,000 manuscritos antiguos. En los pasados tres años la UNESCO ha reconstruido algunos de los mausoleos.

La investigación por los crímenes de guerra cometidos en esta región de Mali fue abierta formalmente en enero de 2013. La fiscalía, a cargo de Fatou Bensouda, presentó este martes los cargos a fin de que el tribunal decida si existe suficiente evidencia para iniciar el proceso judicial contra Ahmad al-Faqi al-Mahdi, quien se presenta a sí mismo como profesor y funcionario público.

“En cada etapa del conflicto, diferentes grupos armados han causado estragos y sufrimiento humano a través de una serie de actos de extrema violencia. He concluido que algunos de estos actos de brutalidad y destrucción pueden configurarse como crímenes de guerra según lo establecido en el Estatuto de Roma”, declaró la fiscal Fatou Bensouda durante su presentación de este martes.

“Dejemos algo en claro: lo que está juego aquí no son solo paredes y piedras. Los mausoleos destruidos eran importantes desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista de identidad. Este ataque en contra de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos entra en la categoría de delitos que destruyen las raíces de una población entera y afecta profunda e irremediablemente a sus prácticas sociales y a sus estructuras. Esto es precisamente el por qué estos actos constituyen un delito bajo el artículo 8(2)(e)(iv) del Estatuto de Roma”, expuso la fiscal ante los jueces.

Este proceso es muy importante pues constituye un hito en la persecución y sanción de actos de destrucción de sitios culturales pues han sido muy pocas las personas llevadas ante tribunales para responder de estas destrucciones de sitios culturales. Por tal motivo, ya se ha hecho un llamado para que la CPI investigue también la destrucción en 2015 por el Estado Islámico o DAESH de varios edificios de la ciudad histórica de Palmira en Siria, nombrada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980.

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