Los ejecutivos de Uber detenidos en el mes de junio en Francia, Thiebaud Simphal y Pierre-Dimitry Gore-Coty, podrían ser condenados a hasta cinco años en prisión y multas de 1.5 millones de euros por realizar actividades comerciales fraudulentas, proporcionar un servicio ilegal de taxi y mantener bases de datos ilegales con información personal de los choferes y los pasajeros.
Además, hace ocho días el Consejo Constitucional concluyó que la ley que limita la operación de servicios como UberPop es legal, por lo que las actividades de este tipo de servicio son ilícitas.
La ley impone dos años de cárcel y multas de 300.000 euros por organizar un sistema que ponga en relación a clientes con particulares que, sin pertenecer a ninguna empresa de transportes, realicen servicios ocasionales a título oneroso y proscribe a los servicios de geolocalización. Además el Consejo Constitucional considera que el sistema no es similar al de compartir coche o carsharing, una modalidad "que el legislador ha definido de manera clara y precisa".
El juicio en contra de UberPop y los funcionarios de la empresa se efectuará los días 11 y 12 de febrero de 2016 y enfrentan seis cargos criminales.
Parte de los cargos que enfrentan es por proporcionar la plataforma de UberPop para que los clientes hicieran contacto con personas improvisando taxis. Varios conductores ya han sido sujetos ha proceso por esta causa, pero esta es la primera vez que se va en contra de la empresa Uber y sus líderes.
También están acusados de práctica comercial engañosa por los anuncios emitidos en la radio "alentando a las personas a participar en el servicio UberPop dando la impresión de que era legal".
Por último, se les acusa de complicidad en el ejercicio ilegal de la profesion de taxista. 66 choferes de UberPop fueron arrestados en París, Lyon y Burdeos y se señala a Uber y sus funcionarios por facilitar la realización de estos delitos indicando a los conductores "la forma de evitar los controles" y "el asistente por SMS y e-mails en caso de arresto".
Otra serie de delitos están relacionados con la ley de protección de datos. En estos tres cargos la fiscalía acusa a Uber de retener "datos personales procesados sin notificación previa a la CNIL (Comisión Nacional de Procesamiento de Datos y Libertades), conservar los datos personales más allá de la fecha límite y tener constituido un archivo que contiene información sobre las decisiones judiciales o medidas de seguridad referentes a sus conductores.
Por su parte, Uber sostiene que el sistema francés está desactualizado y necesita reformas para mantenerse al día con aplicaciones electrónicas y geolocalización.
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