Este lunes, la Suprema Corte de los Estados Unidos aprobó el uso del sedante midazolam para la ejecución de las sentencias de pena de muerte por inyección letal, dando luz verde al estado de Oklahoma para que reanude estas ejecuciones, detenidas desde el pasado mes de enero.
El uso del controvertido medicamente en el sistema penitenciario del estado de Oklahoma fue cuestionado por cuatro reos en el caso Clossip v Gross en espera de la ejecución de sus sentencias, por considerar que su uso equivalía a un trato cruel y a tortura conforme a la Constitución de los Estados Unidos. Uno de los reos que recurrían el uso de midazolam fue ejecutado días antes de que la Suprema Corte aceptara escuchar el caso.
Argumentaban un trato cruel equivalente a la tortura porque en las ejecuciones en que se ha utilizado el anestésico se ha presenciado una lenta agonía de los reos, lo que fue evidente en la ejecución de Clayton Lockett quien murió 43 minutos después de aplicada la inyección, tiempo durante el cual se azotó y gimió evidenciando signos de dolor.
La Suprema Corte, sin embargo, consideró que el uso de este medicamento no equivale a un castigo excesivo o inusual, prohibido por la Constitución, y por tanto Oklahoma y los demás estados que siguen practicando la pena de muerte, pueden continuar con su uso.
Este medicamento ha sido usado en sustitución del tiopental sódico que era la sustancia aprobada en los protocolos de las ejecuciones. Sin embargo, desde que la única fábrica que comercializaba esta sustancia, cerró en los Estados Unidos y la Unión Europea, donde se sigue fabricando, prohibió su exportación cuando la finalidad es usarlo en ejecuciones de internos penitenciarios, las prisiones empezaron a experimentar desabasto que les llevó en algunos casos a detener las ejecuciones por inyección letal y en otros a considerar otro tipo de ejecuciones como el fusilamiento o la horca.
Así, esta decisión de la Corte parece ser la clave para que se reanuden las ejecuciones en los estados que aún la consideran como sanción por delitos de gravedad y que estaban esperando esta decisión de la Suprema Corte. Actualmente son 31 estados que todavía utilizan esta pena, habiendo sido en mayo de este año el estado de Nebraska el más reciente en haberla abrogado por mayoría en el Congreso, que superó el veto inicial del gobernador.
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