La FDA, Food and Drug Administration, de los Estados Unidos, organismo del ejecutivo con funciones en materia de alimentos y medicamentos, se encuentra apelando la decisión de un juzgado federal de distrito en cuanto al uso de sustancias en las ejecuciones.
El caso fue llevado ante los tribunales por veintiún reos en espera de su ejecución en contra de una decisión de la FDA que permite a las prisiones estatales la importación de estos medicamentos sin haberse asegurado previamente que la droga actuará efectivamente durante la ejecución. Se trata de un caso que tiene amplias probabilidades de llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos.
El uso de los anestésicos utilizados durante las inyecciones letales supone un grave problema para los estados que aún ejecutan la pena de muerte. Lo anterior porque los estados que habían aprobado en sus protocolos el uso de tiopental sódico se enfrentaron al cierre en 2009 de la única empresa que en los Estados Unidos la fabricaba y a la prohibición que la Unión Europea hizo a las empresas productoras de éste y otros compuestos químicos de venderlos a quienes fueran a utilizarlos con fines de aplicar la pena de muerte.
La actual batalla legal que se libra en el sistema judicial sobre la importación de los medicamentos ha supuesto un retraso en el calendario de ejecuciones en ciertas prisiones donde los suministros de las drogas aprobadas legalmente para efectuar las ejecuciones han disminuido.
Oklahoma tiene aprobado en sus protocolos el uso de otro anestésico, el pentobarbital, otra droga que ya no se fabrica en ese país y cuya venta también está prohibida para fines de ejecución. Autoridades penitenciarias reconocieron que solo les queda una dosis de la droga.
En vista de la situación, el estado de Missouri ha decidido cambiar sus protocolos y en lugar de las drogas antes señaladas, utilizar el Profopol, medicamento tristemente célebre por haber llevado a la muerte a Michael Jackson tras una sobredosis.
El problema con este cambio es que el Profopol no ha sido utilizado antes en ejecuciones y se desconoce si funciona para los fines perseguidos por una inyección letal, método elegido por los estados actuales para ejecutar prisioneros por considerarse más humano que la silla eléctrica o la horca.
Activistas contrarios a la pena de muerte suponen que estas dificultades en encontrar los medicamentos para efectuar las ejecuciones podrían ser una forma de detener esta práctica pues piensan que los estados que aplican la pena de muerte son reacios a regresar a otros métodos que muestran en mayor plenitud la realidad de esta práctica bárbara.
Para otros solo supone un retraso en la agenda pero que eventualmente se encontrarán más medicamentos que puedan ser utilizados efectivamente para cumplir con las sentencias que tienen pendientes.
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