El pasado viernes, coincidiendo con la erupción del monte Shindake en la isla Kuchinoerabujima, el gabinete de Japón aprobó una iniciativa de ley que obliga a las municipalidades cercanas a zonas volcánicas a completar planes de evacuación a fin de evitar situaciones como la vivida el pasado mes de septiembre cuando el monte Ontake en la isla de Honshu hizo erupción costando las vidas de 57 personas.
Si la ley es aprobada, se facultaría al gobierno a designar zonas de alerta por erupciones volcánicas donde hay riesgo que habitantes y montañistas sufran lesiones.
Se sabe que hay 47 zonas que el gobierno planea designar como zonas de alerta volcánica y se trata de volcanes que están siendo cercanamente monitoreados por la Agencia Meteorológica. A esta lista se sumarían tres volcanes más que podrían representar riesgo.
Así, las municipalidades cercanas a estos 50 volcanes tendrían que crear obligatoriamente consejos de prevención de desastres con representación de la policía, del departamento de bomberos, de las Fuerzas de Autodefensa y de vulcanólogos.
Con base en las opiniones de estos consejos, las municipalidades deberán elaborar planes de evacuación que deberán incluir la forma de transmitir la información a los habitantes y montañistas. Estos planes deberán incluirse en los programas regionales de reducción de desastres.
En estas zonas de riesgo, los hoteles y otras instalaciones de reunión de personas también quedarían obligados a elaborar sus propios planes de evacuación y conducir periódicamente simulacros de evacuación.
Adicionalmente, la iniciativa pretende obligar a los montañistas a entregar a las autoridades sus planes de ascenso que deberán incluir nombres y números de contacto, antes de escalar volcanes o montañas cercanas a volcanes activos.
Estos 50 volcanes de riesgo afectan a 142 ciudades y poblados. Al pasado 26 de marzo, de estas localidades solo 20 tenían planes específicos de evacuación, de acuerdo con información de la Oficina del Gabinete.
Se planea presentar esta iniciativa durante el actual periodo de la Dieta para que sea aprobada antes que concluya la legislatura el próximo 24 de junio.
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