La Corte de Apelaciones de Botswana revirtió una sentencia en contra de dos ladrones de marfil, Mlungisi Dlamini y Mazwimbo Molataemang, por considerar que eran demasiado severas y que uno o dos años de prisión para estos sujetos hubiera sido suficiente.
Estos dos hombres fueron encontrados con posesión de marfil y condenados a siete años de prisión por la Corte de Magistrados de Letlhakane.
Fundamentado en que era la primera vez que delinquían, los dos hombres apelaron el veredicto ante un tribunal superior en el que el juez no solo confirmó las sentencias de culpabilidad sino que aumentó en tres años las sentencias.
Sin embargo ahora, la máxima instancia judicial revierte esas sentencias ya que a juicio del presidente de la Corte, el magistrado Ian Kirby, los jueces de las cortes inferiores “se equivocaron al dictar sentencias severas”.
De acuerdo con el presidente de la Corte de Apelaciones de Botswana “sólo estuvieron involucrados un par de colmillos y no se descubrió ninguna organización criminal de tráfico de marfil por lo que los apelantes no merecían una condena tan severa”.
La nueva sentencia que se dictó en contra de Mlungisi Dlamini y Mazwimbo Molataemang fue de dos años de prisión pero salieron libres pues se contabilizó el tiempo que ya habían estado detenidos.
El comercio de marfil quedó prohibido en 1989 bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, que es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos con la finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.
Actualmente varios países como Namibia, Kenia y Togo han reforzado sus legislaciones e intensificado sus operativos en contra la cacería de elefantes y también de rinocerontes cuyos cuernos también son traficados.
Botswana, sin embargo, no persigue con igual ahínco la cacería de elefantes pues bajo ciertas condiciones sigue siendo legal, razón por la que es un destino elegido por turistas deseosos de matar elefantes como el entonces rey de España, Juan Carlos de Borbón, en 2012.
En 2013 el director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC, Yuri Fedotov, volvió a lanzar un llamado a los países para tipificar la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales como delitos graves, fortaleciendo las legislaciones nacionales y sistemas de justicia penal para reducir el tráfico ilegal de vida silvestre.
“Los cazadores furtivos y otros criminales están llevando al borde de la extinción a elefantes, rinocerontes, tigres y otras muchas especies en todo el mundo”, señaló. “Estos delincuentes están destruyendo la subsistencia local, alterando ecosistemas frágiles y obstaculizando el desarrollo social y económico”.
Con esta decisión judicial, Botswana parece estar enviando un mensaje contrario al endurecimiento de sanciones, pues perecería que las sanciones deben ser impuestas por la cantidad de colmillos y no por la gravedad del hecho.
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