El grupo de padres de familia y simpatizantes del movimiento #bringbackourgirls, regresen a nuestras niñas, que exige al grupo Boko Haram la devolución de las 219 niñas secuestradas de su escuela en la localidad de Chibok en Nigeria, se dirigieron este martes a los tribunales de Abuya, la capital, para recurrir la decisión de prohibir las manifestaciones en la capital.
La decisión que se recurre fue tomada por la policía del Territorio de la Capital Federal, que dispuso que las manifestaciones en Abuya quedaban prohibidas “mientras las amenazas existentes fueran debidamente neutralizadas”, refiriéndose a supuestas infiltraciones de militantes.
Desde que el pasado 14 de abril Boko Haram secuestrara a las 276 estudiantes, se organizó un grupo de personas encabezadas por Oby Ezekwesili y Hadiza Bala Usman que exige al presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, la búsqueda de estas niñas. Se trata de un grupo que, sin embargo, fue calificado por la primera dama, quien tiene aspiraciones presidenciales, como opositor al partido gobernante. Lo cierto es que el gobierno no actuó con oportunidad ni ha actuado con la eficacia requerida para encontrar a las 219 niñas que no pudieron escapar y de las que se desconoce su paradero.
Así, este martes los integrantes de #bringbackourgirls, en lugar de manifestarse acudieron junto con sus abogados ante los tribunales de Abuya pidiendo al juez una orden de restricción en contra del comisionado de la policía, Joseph Mbu, y sus oficiales para que no se aplique la prohibición a las manifestaciones, además de solicitar como compensación por daños 200 millones de naira equivalentes a 1.2 millones de dólares.
Terminada la diligencia ante los tribunales, el grupo, siempre acompañado de sus abogados, se dirigió ante la Comisión de Derechos Humanos para presentar una queja contra la misma prohibición.
La coordinadora de #bringbackourgirls, Marian Uwais, declaró a la prensa que la orden estaba siendo recurrida por ser un acto administrativo ilegal, inconstitucional y nulo de pleno derecho al violar los derechos fundamentales garantizados en la Constitución nigeriana.
Desde que las niñas fueron secuestradas se ha atribuido a Boko Haram, una agrupación extremista que pretende la implantación de la Sharia o ley islámica en el norte de Nigeria, una serie de actos terroristas que han asolado al país en las últimas semanas.
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