El juez de una corte federal de los Estados Unidos, Richard J. Leon, emitió una sentencia en la que establece que la política de la NSA, National Security Agency, de mantener registro de todas las llamadas telefónicas realizadas, es probablemente inconstitucional.

 

“No puedo imaginar algo una ‘invasión’ más ‘indiscriminada y arbitraria’ que esta recolección sistemática y de alta tecnología y retención de datos virtualmente de cada ciudadano para propósitos de investigación y análisis, sin una aprobación judicial previa”, escribió en su sentencia el juez Leon.

 

Para el juez estas actividades son violatorias de la 4° Enmienda constitucional que otorga protección contra investigaciones y aprehensiones arbitrarias.

Se trata de una opinión que no es compartida por el Departamento de Justicia ni por la NSA pues señalan que estas actividades ya fueron declaradas constitucionales por un tribunal federal especial, Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, Foreign Intelligence Surveillance Court, FISA, el cual está encargado de revisar las peticiones de vigilancia a supuestos agentes de inteligencia extranjeros dentro de los Estados Unidos.

 

Para emitir su decisión sobre la constitucionalidad de mantener registro de todas las llamadas telefónicas que se realizan en los Estados Unidos por un periodo de cinco años, el FISA se basó en una decisión de la Suprema Corte de 1979 que establece que los agentes de policía no necesitan una orden judicial para registrar los números que son marcados desde un teléfono específico.

 

Sin embargo el juez Leon consideró que esta decisión se tomó cuando las comunicaciones telefónicas revelaban solo una pequeña fracción de la vida de las personas y no, como sucede en la actualidad, “que revelan un mosaico entero, una vibrante y constante imagen actualizada” de la vida de las personas.

 

Para emitir su decisión el juez se refirió a otra decisión tomada por la Suprema Corte, pero esta el año pasado, y que tuvo que ver con los cambios tecnológicos al limitar la facultad del gobierno de seguir a vehículos con dispositivos GPS porque ello supone una invasión a la privacidad mucho mayor que el ser seguidos por un oficial de la policía por las calles.

 

El juez Leon cuestionó además la necesidad de la NSA de mantener tanto tiempo una base de datos tan inmensa, señalando que “el gobierno no cita ni una sola instancia en que el análisis de la NSA de estos registros bajo su control haya detenido un ataque inminente”.

 

Esta sentencia es de un caso presentado por un grupo de ciudadanos liderados por Larry Klyman, un activista conservador que testificó que cree que el gobierno “se está metiendo” con él.

 

Se trata de una decisión que no es definitiva pues puede ser apelada por el Departamento de Justicia ante la Corte de Apelaciones que corresponde el circuito del Distrito de Columbia, y que además admite aún otra instancia ante la Suprema Corte de Justicia. Pero lo interesante es que es la primera sentencia judicial que declara que deben existir límites a la actuación de la NSA, para lo cual las leyes en materia de vigilancia también deben ser modificadas.

 

 

Más información The Washington Post

 

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