Cinco sargentos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos enfrentaron corte marcial y podrían ser dados de baja tras haber mantenido relaciones sexuales con la misma mujer, una soldado del mismo cuerpo con base en San Diego, California.
De acuerdo con el Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos, es delito la fraternización porque puede demeritar el buen orden y la disciplina y ser una causa de descrédito para el ejército.
En este sentido no solo la fraternización es un delito sino también el adulterio, otro delito del que cuatro de los cinco sargentos fueron acusados al estar legalmente casados. De esos cuatro tres fueron absueltos del delito de adulterio y uno de ellos, quien se declaró culpable del adulterio y de la fraternización será escuchado en una audiencia administrativa en la que solicitará no ser dado de baja del Cuerpo de Marines.
Los otros tres sargentos, pese a haber sido declarados no culpables de adulterio, fueron encontrados culpables de fraternización y la corte marcial recomendó para ellos una separación administrativa del Cuerpo de Marines por la comisión de una ofensa grave. Están en espera de la decisión final.
El quinto sargento, todos residentes del campamento Pendelton en San Diego, ya fue dado de baja por mala conducta.
La mujer con la que los cinco hombres estuvieron involucrados es una soldado con una historia de desordenes emocionales y con tendencias suicidas. Ella no fue acusada de delito alguno ni enfrenta posibilidad de ser dada de baja según la información proporcionada por el Cuerpo de Marines.
Este proceso penal militar se presenta en el mismo momento en que se acusa al ejército de los Estados Unidos de diversos ataques sexuales entre sus miembros, por lo que el Cuerpo de Marines ha sido cuidadoso de separar el caso de los cinco sargentos y señalar que los “marines han sido hechos responsables de sus acciones para preservar limpio el honor del Cuerpo de Marines y su gran legado de valor”.
Sobre este escándalo, existe una iniciativa de ley en el Senado de los Estados Unidos para reconfigurar las responsabilidades en los casos de violaciones y ataques sexuales de manera que sean los fiscales los responsables de conducir estos casos y no los comandantes. Se trata de una ley a la que el ejército se opone porque dicen que minaría la autoridad de los comandantes y su capacidad de proteger a los soldados a su cargo.
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