En Sierra Leona, un tribunal internacional respaldado por la ONU dictó sentencia a tres líderes rebeldes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil de aquel país.

 

Estos tres líderes fueron encontrados culpables en febrero pasado y ahora han sido sentenciados, uno a 52 años, otro a 29 y el otro a 25 años en prisión.

 

Ellos fueron líderes del Frente Unido Revolucionario que se caracterizó por la crueldad contra la población civil y durante el juicio se demostró que mutilaban a sus víctimas y llegaban a tatuar las siglas de su movimiento en los cuerpos de las mismas. También se demostró que utilizaban niños soldados en sus ataques, quienes armados con AK-47, asolaban a la población con actos de suma crueldad.

 

En 2001, cuando el conflicto armado terminó, habían muerto unas 120,000 personas y decenas de miles de personas resultaron mutiladas de brazos, piernas, orejas e incluso narices.

Trece personas fueron acusadas ante el tribunal. Dos de ellas, el líder general del Frente Unido Revolucionario y su comandante general, fallecieron antes de que iniciara el juicio a mediados del 2004.

 

Y mientras en Sierra Leona prevalece el sentimiento de justicia en los afectados y sus familias, en Ruanda, a 15 años del genocidio, el sentimiento es otro.

 

La Corte Suprema de Inglaterra sentenció a favor de cuatro líderes de Ruanda que fueron solicitados en extradición por genocidio y crímenes de guerra en contra de los Tutsis.

 

La sentencia que dejó sin efectos la extradición que ya había sido firmada, se basó en que de acuerdo con la Convención de los Derechos Humanos de Europa, no procede la extradición si se considera que los acusados no tendrán un juicio justo.

 

Los jueces dictaminaron que las condiciones en Ruanda no aseguraban que el poder judicial actuara libremente en el juicio de estos hombres y que había indicios de que el gobierno tomara parte, por lo que no se aseguraba la justicia para estos cuatro hombres, al menos uno de ellos, ciudadano británico.

 

Y si bien la Convención Europea establece esa disposición, los expertos en derechos humanos consideran que la legislación británica se debería revisar para que los casos de genocidio sean conocidos por su poder judicial y no enviar el mensaje de impunidad como ha sucedido en este caso.

 

Fuente BBC News
www.miabogadoenlinea.net