Es altamente probable que el proceso de revocación de la alcadesa de Lima Susana Villarán se efectúe conforme al procedimiento establecido en la legislación peruana, al confirmarse la obtención de las firmas necesarias para proceder.
Este proceso de revocatoria es regulado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú y la ley establece que se puede pedir la revocatoria de alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales por una sola vez durante su gestión siempre que no se solicite durante el primer año de su gestión ni durante el último.
Las solicitudes para iniciar el proceso de revocación de la actual alcaldesa iniciaron en mayo y es muy probable que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil confirme las 400 mil firmas necesarias para iniciar el proceso de los paquetes de firmas presentados por los solicitantes de la revocación.
De ser así, el proceso no se efectuaría en breve pues la ley en la materia todavía prevé varios pasos a realizarse por lo que de darse todas las condiciones legales para proceder, la consulta popular para la revocación se estaría fijando aproximadamente para el segundo trimestre del próximo año.
Si en la consulta popular gana el sí por la revocación, entraría en funciones el actual regidor número 22, pero tan solo unos meses pues la Junta Nacional de Elecciones tendrá que fijar fecha para elecciones de un nuevo presidente municipal para la capital peruana. Esta elección se efectuaría a finales de 2013 o a principios de 2014, y se elegiría a una persona que gobernaría a lo sumo un año, y nada menos que un año electoral.
Se trata de un proceso no solo largo, sino muy costoso que a juicio de varios juristas y analistas de políticas municipales termina siendo contraproducente pues paraliza las obras de la ciudad. En el caso de Lima no es una complicación menor porque de darse todos los supuestos y procedr la revocación, la ciudad tendría en cuatro años tres alcaldes diferentes.
Se trata de un mecanismo democrático que en opinión de estos juristas solo deja incertidumbre e inestabilidad que repercute en la siguiente administración. Por ello este proceso se plantea quizá como una ocasión única para que el legislativo lo revise y en su caso ajuste a las necesidades actuales de la población a fin de que sea un proceso democrático y no una traba como ha sido calificado por algunos analistas.
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