La transición del poder en China que ocurrirá el próximo mes de noviembre en la capital, Beijing, durante la celebración del 18° Congreso del Partido Comunista, está siendo ampliamente vigilada por las autoridades en aras de lo que llaman la “estabilidad social”.
De acuerdo con activistas chinos y con las emisiones de una radio china disidente en San Francisco, California, las calles de Beijing están siendo vigiladas desde el pasado mes de septiembre por simpatizantes del partido para detener a los disidentes y a los peticionarios.
De acuerdo con esta información, fueron enviados a las calles 90,000 “limpiadores” para evitar que los activistas se congreguen en plazas públicas y la vigilancia policial se ha visto incrementada.
Participan a favor de la “estabilidad social” particularmente mujeres de edad avanzada fácilmente identificables pues portan un brazalete color rojo y se ubican afuera de los edificios, plazas y estaciones de metro, solicitando a las personas se identifiquen si parecen sospechosas o foráneas.
Los peticionarios son ciudadanos que viajan de varios lugares de China a Beijing para exigir alguna compensación por las injusticias que han padecido y que ni la justicia ni los cuadros del partido locales han podido resolver. Se trata de personas que, según se ha denunciado, son marginadas, detenidas y maltratadas por las fuerzas de seguridad.
A finales del pasado mes, las autoridades realizaron un amplio operativo para ubicar y detener a los peticionarios en Beijing y entregarlos a las autoridades locales de las diferentes provincias quienes están encargadas de la repatriación de los peticionarios a sus lugares de origen.
Los activistas también están siendo vigilados constantemente y de acuerdo con uno de ellos, Hu Jia, se han instalado modernos sistemas de cámaras de vigilancia que mantienen un estrecho cerco sobre la persona al punto de invadir su espacio privado.
De esta forma se ha denunciado la detención por la policía de varios activistas quienes son llevados a un centro de detención, todo fundamentado en la prevención de desórdenes públicos.
De acuerdo con estos activistas, el gobierno chino pretende dar la señal de una estabilidad política y social durante la celebración del Congreso y la transferencia de poder, pero el evento este año se ha visto particularmente empañado por el escándalo de Bo Xilai de la provincia de Chongqing quien era candidato a ostentar el poder en China y cuyo juicio por el homicidio que cometió su esposa Gu Kilai y por delitos económicos presuntamente iniciará dentro de dos semanas.
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