De los numerosos retos que sigue enfrentando Haití quizá el más importante siga siendo crear leyes que fortalezcan a sus instituciones para que a su vez exista una mayor seguridad y justicia social.
Así lo ha señalado el enviado especial de la ONU en materia de derechos humanos quien señaló que la comunidad internacional debe seguir apoyando a los haitianos para lograr una verdadera reforma de justicia y el abatimiento de la pobreza.
Urgió a los legisladores haitianos a completar las reformas al Código Penal a fin de que se implemente un sistema penal que persiga antiguas violaciones a los derechos humanos pero bajo normas concordantes con los tratados y acuerdos internacionales de que Haití es parte.
En materia penitenciaria las reformas también son urgentes. En la Penitenciaría Nacional hay 3,400 reclusos viviendo en precarias condiciones. Solo 278 reclusos han sido convictos mientras que los demás siguen en detenciones extendidas porque sus juicios no han concluido.
El gobierno de Haití ha planeado reclutar 5,000 policías más. Sobre este proyecto se hizo notar que los policías deben ser reclutados con base en sus méritos y recibir una adecuada capacitación, además de que se debe asegurar que la figura del inspector general de la policía tenga independencia del ejecutivo para asegurar la investigación y persecución de todas las violaciones a los derechos humanos.
Desde que ocurrió el terremoto de 2010 se hizo patente que la seguridad de la población y la certeza jurídica era un grave problema. En medio de la crisis por la devastación, empleados de empresas de seguridad empezaron a tomar en sus manos funciones de la policía y también de jueces y ejecutores y a falta de cárceles para contener a los delincuentes, muchos de los cuales se habían fugado de las prisiones tras haberse caído sus muros con el terremoto, la solución más práctica fue detenerlos, juzgarlos y ejecutarlos en el mismo lugar y en menos de un minuto.
A mas de dos años y medio del gran terremoto, ya hay prisiones y un sistema penal que empieza a funcionar pero que no es suficiente, quizá porque pese a los esfuerzos internacionales, la voluntad de los políticos haitianos tampoco ha sido suficiente para modificar adecuadamente las leyes que se necesitan para apuntalar instituciones que al crear una mayor seguridad jurídica redunde en la disminución de la corrupción, atraiga mayores inversiones y disminuya los altos índices de pobreza.
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