El caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en 1804 y descubierto por la empresa Odyssey Marine Exploration, se ha complicado todavía más.

 

Nos referimos al descubrimiento que la empresa estadounidense, buscadora de tesoros hundidos, Odyssey Marine Exploration, hizo de una fragata en aguas internacionales y que en su momento identificó como el navío El Cisne, y que llevaba un cargamento de unas 500 mil monedas de oro y plata.

 

Cuando España conoció del hallazgo, inició varias acciones legales en contra de la empresa, argumentando que el buque hundido y su contenido están protegidos por la inmunidad soberana que preserva a los barcos y sus restos de cualquier perturbación no autorizada y de la explotación comercial de los mismos. Pero además España ha argumentado la total propiedad de los hallazgos por tratarse de patrimonio histórico por ser la tumba de más de 250 marineros y ciudadanos españoles que murieron en el naufragio.

 

Una de las demandas está radicada en el estado de Florida, en la ciudad de Tampa, y el juicio sigue ya que España reclama la propiedad total de los hallazgos que están en posesión de la empresa en territorio estadounidense.

 

Pero a este conflicto se acaba de sumar el Perú que como Estado también reclama una porción de los hallazgos toda vez que las monedas encontradas fueron acuñadas en su territorio y el oro con que fueron fabricadas fue explotado de sus minas por España.

 

Sin mayor demora, España ha contestado que Perú no tiene nada que reclamar de ese tesoro porque al momento del hundimiento del buque se trataba de un territorio español, como virreinato que era, y que no existía como estado soberano y en ese tenor no podía detentar la propiedad de nada de los que hubiere sido explotado en su territorio.

 

Pero la realidad es que será el tribunal el que tendrá que resolver si el Perú tiene interés legítimo en el caso o no y de tenerlo, la proporción del tesoro que le corresponde.

 

Esto nos lleva a considerar una vez más si como latinoamericanos nos asiste el derecho de reclamar de España una indemnización por los 300 años de dominio y explotación de bienes de nuestros territorios.

 

Fuente BBC Mundo
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