Este lunes comenzó en la Suprema Corte de los Estados Unidos un período de tres días de audiencias sobre la constitucionalidad de la ley que reformó el sistema de salud de ese país en 2010 y que fue iniciativa del presidente Barack Obama.
Hasta que se efectúo esa reforma en el 2010, Estados Unidos era el único de los grandes países desarrollados que no tenía un sistema nacional de salud y se prevé que éste proporcione servicios médicos a 32 millones de personas que hoy carecen de cobertura médica.
La ley, llamada en inglés Patient Protection and Affordable Care Act, establece la obligación de los ciudadanos de comprar un seguro de gastos médicos y la obligación de las aseguradoras de no negar el seguro a ninguna persona por condiciones médicas preexistentes.
El eje central de la discusión radica en la obligatoriedad de la adquisición del seguro de gastos médicos ya que quien no lo haga deberá pagar una especie de multa al gobierno.
Para los republicanos, obligar a las personas a adquirir el seguro es violatorio de las libertades civiles y abre la puerta para que el gobierno pueda obligar después a todos a comer brócoli, suscribirse a un gimnasio o comprar solo automóviles estadounidenses, exagerando así las implicaciones del la ley y señalando que se trata de un paso hacia el socialismo.
Sin embargo el primer obstáculo a sortear es la facultad de la Corte de revisar en este momento la constitucionalidad de ley, asunto que se ventiló ayer lunes.
La ley se está impugnando en parte por la inconstitucionalidad de imponer un impuesto por no comprar el seguro de gastos médicos, pues aunque la ley no menciona que la penalización es un impuesto, el código fiscal lo regula y será recaudado como se recauda un impuesto.
Existe una ley de 1867 que establece que no se puede litigar la inconstitucionalidad de una ley en materia de impuestos hasta que el impuesto sea cobrado. Como la ley entrará en vigor hasta el 2014, se prevé que los primeros impuestos (o penalizaciones) sean recaudados hasta 2015 por lo que la Corte podría revisar la ley hasta ese momento.
Los abogados que están impugnando la constitucionalidad de la reforma sanitaria señalaron que hay jurisdicción porque la ley no habla de impuesto, a lo que el ministro Samuel A. Alito Jr., replicó que esta vez piden que no se considere como un impuesto pero que probablemente después querrán impugnar la ley sobre la base de que se trata de un impuesto.
Resuelto el asunto jurisdiccional, la Corte discutirá si obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud es violatorio de la libertades civiles para terminar las audiencias con la discusión de dos argumentos, primero si la ley permanece en parte o se abroga en su totalidad si se considera que la obligación de adquirir un seguro es inconstitucional, y segundo, si la federación violó la autonomía estatal al haber ampliado los requisitos para ser candidato a Medicare, el seguro médico que se otorga a la gente de menos recursos económicos.
Terminadas las audiencias, la Suprema Corte emitirá su veredicto en junio de este año, en período electoral.
Más información The New York Times
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