En un episodio más de la lucha por los límites fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica, esta semana el estado de Nicaragua interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, contra Costa Rica por la construcción de una carretera en la línea fronteriza que dice, viola su soberanía y está ocasionando daños ambientales.
En la demanda se explica que Costa Rica está construyendo una carretera de 120 kilómetros, paralela al río San Juan, límite entre ambos estados, y muy cerca del margen izquierdo del río.
Las autoridades de Nicaragua aseguran que la construcción ha vertido al río vegetación arrancada de raíz, árboles derribados y toneladas de sedimento que amenazan a especies en peligro de extinción, pantanos y la calidad del agua del río.
En la demanda Nicaragua solicita a la CIJ que declare que Costa Rica ha roto su obligación de no violar la integridad territorial de Nicaragua, tal como se estableció en el tratado limítrofe de 1858, el laudo Cleveland de 1888 y los laudos Alexander.
También piden que se ordene a Costa Rica respetar las leyes internacionales de protección al medioambiente como la Convención de Humedales Ramsar, el acuerdo de áreas protegidas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica (Sistema de Áreas Protegidas para la Paz), la convención de Diversidad Biológica y Conservación de la Biodiversidad y de los sitios de vida silvestre en Centroamérica.
Asimismo solicita que Costa Rica pague todos los daños causados, así como los costos adicionales al dragado del río San Juan y que no emprenda obras en el futuro sin debido estudio de impacto ambiental y sin el análisis y la reacción oportuna de Nicaragua.
Esta discusión no es nueva entre ambos países. En noviembre del año pasado Costa Rica interpuso una demanda ante la CIJ para detener la ocupación de tropas nicaragüenses en territorio tico en la Isla de Calero en el Atlántico. En esa demanda Costa Rica argumentó que esa porción de su territorio había sido ocupado militarmente por Nicaragua, país que está efectuando labores de dragado del río San Juan, limítrofe entre ambos países, arrojando sedimento al lado costarricense y no solo desviando los límites fronterizos, sino también contaminando su territorio.
En marzo de este año la Corte Internacional de Justicia resolvió el retiro de tropas y fuerzas policiales de ambos países de la zona, pero negó el pedido de Costa Rica de ordenar a Nicaragua detener el dragado, al considerar que no resultaba claro que se estuviera causando un daño irreparable.
En septiembre de este año hubo otra pequeña confrontación cuando la presidente de Coata Rica, Laura Chinchilla, denunció la incursión en la zona de seis jóvenes sandinistas en la Isla de Calero acusando el incumplimiento de la resolución de la CIJ por parte de Nicaragua.
Ahora es Nicaragua quien solicita se detenga cualquier construcción cercana al río San Juan, pero tendrá que demostrar que el daño que invoca, particularmente ambiental, es irreparable.
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