Los tres días fijados para las audiencias del caso que Costa Rica ha llevado hasta la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en La Haya, en los Países Bajos, finalizan el día de hoy.

 

Desde noviembre pasado Costa Rica interpuso una demanda ante la CIJ para detener lo que consideran es una ocupación de tropas nicaragüenses en territorio tico en la Isla de Calero en el Atlántico. Los magistrados ya revisaron la documentación escrita presentada y se está procediendo con la etapa oral del juicio.

 

Costa Rica argumenta que esa porción de su territorio ha sido ocupado militarmente por Nicaragua, país que está efectuando labores de dragado del río San Juan, limítrofe entre ambos países, arrojando sedimento al lado costarricense y no solo desviando los límites fronterizos, sino también contaminando su territorio.

 

Costa Rica se caracteriza por su vocación pacifista al haber suprimido el ejército a mediados del siglo pasado. Sin embargo la situación actual con Nicaragua ha llevado al gobierno a reconsiderar esta posición y si bien niegan la posibilidad de crear  un ejército, si se habla de un posible entrenamiento militar a la policía, además de la reactivación de la Policía de Fronteras, dotándolos del equipo necesario para cumplir su labor de vigilancia como helicópteros artillados.

 

El gobierno ha proyectado que se necesitan tres años para contar con el presupuesto suficiente para crear una policía como los carabineros chilenos, con entrenamiento militar, para lo cual la presidente Laura Chinchilla anunció la creación de un nuevo impuesto para la defensa nacional.

 

De acuerdo con el canciller de Costa Rica en Holanda, los países de América Latina destinan entre el 2 y el 4% del producto interno bruto, PIB, a las fuerzas de defensa, porcentaje que su país invierte en las universidades públicas, pero señaló que en la actualidad es una inversión que se hace necesaria.

 

La controversia entre ambos países centroamericanos está siendo considerada por los 15 magistrados que conforman la Corte Internacional de Justicia entre los cuales se encuentra Bernardo Sepúlveda Amor, jurista mexicano.

 

Finalizada la fase oral, los magistrados deliberarán a puerta cerrada y darán a conocer su decisión en una audiencia pública. Las sentencias de la CIJ son definitivas e inapelables.

 

Más información La Nación

 

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