El enfrentamiento político entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de Filipinas llegó este lunes a la aprobación de los legisladores de acusación formal del ministro presidente de la Corte por violentar la Constitución de ese país.
El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, ha acusado en varias ocasiones a los ministros de la Corte de proteger judicialmente a la ex presidente Gloria Arroyo, todas vez que fue ella quien hizo los nombramientos de los ministros, excepto uno de ellos.
La decisión más reciente de la Corte, en donde declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de la salida de la ex presidente Arroyo del país por razones médicas, sin estar imputada por delito alguno, fue lo que desencadenó la apertura del proceso de acusación contra el ministro de la Corte en la cámara baja del Congreso filipino.
La votación para levantar la acusación obtuvo un voto favorable de 188 representantes de los 284 miembros de la cámara, con lo que se alcanzó la votación de por lo menos dos terceras partes de la cámara como es requerido en la Constitución filipina.
Con esta acusación se inicia un juicio que se verificará el próximo año en el Senado por violaciones a la Constitución, uno de los delitos graves por los que procede la acusación.
De acuerdo con la Constitución de Filipinas, se puede iniciar este procedimiento, semejante a un juicio político, en contra del presidente, vicepresidente, ministros de la Suprema Corte, Ombudsman y miembros de la Comisión Constitucional por delitos como violación de la Constitución, peculado y traición a la confianza pública, delitos considerados como graves.
El ex presidente Joseph Estrada fue el primer presidente en ser acusado formalmente conforme a la Constitución, pero su juicio terminó por razones políticas. Contra la presidente Gloria Arroyo se presentaron varios intentos de iniciar el procedimiento pero en ninguna ocasión se alcanzaron las dos terceras partes de los votos requeridos para iniciarlo.
Constitucionalistas señalan que el inicio de este procedimiento se trata más de una batalla personal que de un verdadero conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial.
Más información The New York Times
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