La secretaria de justicia de Filipinas, Leila de Lima, anunció que se prohíbe la salida del país a la ex presidenta de ese país, Gloria Arroyo, quien solicitó el permiso de salida para buscar tratamiento médico en otro país por una rara enfermedad ósea que padece.
Si bien no se han levantado cargos formales contra Gloria Arroyo, lo que significa que no está sujeta a proceso, su nombre se incluyó en una lista de personas que no pueden abandonar el país sin permiso previo gubernamental, lo que podía ser violatorio de sus derechos humanos.
La secretaria de justicia explicó que niegan la salida a Gloria Arroyo del país por temor de que se refugie en un país donde no exista tratado de extradición con Filipinas y en el eventual caso de que se formulen cargos en su contra no puedan hacerla regresar al país a enfrentarse a la justicia y señaló que la ex presidenta puede buscar tratamiento médico adecuado en Filipinas.
Gloria Arroyo llegó al poder en 2001 tras el derrocamiento en la segunda revolución del “Poder del Pueblo” de Joseph Estrada, un actor con fama de alcohólico y de haber cometido infidelidad, pero cuyos “pecados” fueron olvidados en las elecciones de 2010 habiendo quedado en segundo lugar en la carrera presidencial con el voto de más de nueve millones de ciudadanos filipinos.
Gloria Arroyo, hija del ex presidente Diosdado Macapagal, llegó a la presidencia ofreciendo edificar una sociedad de “paz, progreso y estabilidad económica”. Sin embargo su imagen se fue debilitando y en 2004, tras ganar la reelección, se vio inmersa en rumores de fraude electoral, de corrupción y de violación de derechos humanos al intentar acabar con varios grupos rebeldes de oposición.
Gloria Arroyo entregó en 2010 el poder y un país con una alta tasa de pobreza donde un tercio de la población sobrevive con menos de un dólar diario, a Benigno Aquino, hijo del ex presidente Cory Aquino fallecido en 2009, y quien declaró que perseguiría a su antecesora por cargos de corrupción.
Sin embargo la promesa electoral de Aquino de perseguir a Arroyo se vio frenada por la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Comisión de la Verdad creada por el presidente para investigar las acusaciones contra Gloria Arroyo. La Corte sostuvo que como se trataba de una comisión para acusar exclusivamente a un individuo particular era violatoria de la Constitución.
Ha sido la Corte Suprema la que ha permanecido leal a Gloria Arroyo, cuyos ministros salvo uno fueron nombrados por ella y en otras dos ocasiones demostró esa lealtad, una al impedir que se enjuiciara al Ombudsman y otra al ratificar los nombramientos de último momento que hizo Arroyo, impidiendo la remoción de esos funcionarios por el actual presidente.
La decisión de la Secretaría de Justicia de impedir la salida de Gloria Arroyo del país seguramente será recurrida judicialmente porque no hay una causa legal que limite el derecho de libre tránsito de la ex presidenta.
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