El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC, Yury Fedotov, presentó en Marruecos las conclusiones de un informe sobre lavado de dinero en el año 2009.

 

De acuerdo con este informe las organizaciones criminales lavaron en 2009 alrededor de $1.6 billones de dólares, que representa el 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. Una quinta parte de esta cifra procede del tráfico de drogas.

 

Gracias a las cifras proporcionadas en el informe se concluye que las ganancias obtenidas por los delitos relacionados con las drogas tienden a ser reinvertidas en operaciones ilegales de tráfico de drogas lo que genera un importante impacto negativo en la sociedad a largo plazo.

 

Este “dinero sucio” proveniente del crimen organizado es fuente de sobornos y corrupción y en algunos casos el financiamiento a actividades terroristas, además de que desestabiliza y deteriora la legítima empresa, la inversión extranjera y el desarrollo.

 

Una vez que ese dinero ilícito ingresa a los mercados financieros se hace mucho más difícil rastrear su origen lo que puede perpetuar el ciclo del lavado de dinero de las ganancias ilícitas y del consiguiente tráfico de drogas.

 

Se ha podido conocer que a nivel global la tasa de intercepción de estos fondos es muy baja ya que parece ser que menos del 1% ha podido ser identificado, decomisado y congelado y por lo tanto el reto para la UNODC, la ONU y los países miembros, México incluido, sigue siendo la creación de la capacidad de rastrear y prevenir el lavado de dinero, fortaleciendo las leyes en la materia a fin de prevenir que estos fondos sigan creando el ciclo de tráfico de drogas y deterioro social.

 

En México se ha hecho hincapié por varios analistas de que la llamada “guerra” contra el narcotráfico se debe empezar a librar en el sistema financiero, siguiendo la pista de estos fondos a fin de cortar a tiempo las inversiones y con ello las consecuentes operaciones ilícitas que incluyen el contrabando de armas y hasta el tráfico de personas. Sin embargo la propuesta de ley para rastrear el “dinero sucio” no ha sido aprobada por el legislativo por lo que en México las leyes en la materia siguen sin haber sido fortalecidas.

 

 

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