El Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido en marzo de este año, y el consecuente tsunami, no solo encendió las alarmas de desastre nuclear en la planta número 1 de Fukushima, sino también alertó sobre las graves deficiencias de que adolece la legislación actual en materia de responsabilidades en caso de accidentes nucleares.
El gran problema que se presenta en el momento es conocer quien es responsable de la crisis en Fukushima y por consiguiente conocer quien debe compensar a las víctimas.
La ley actual no es clara al respecto principalmente porque un desastre de la naturaleza de la magnitud del ocurrido en marzo de este año era impensable en 1961 cuando se elaboró la ley y por tanto no se tomó en consideración una regulación específica para este caso.
Así, la ley en principio establece que la operadora de la planta, la Tokyo Electric Power Co., TEPCO, es la responsable de los daños y de pagar las compensaciones, salvo que los eventos se originen por un “desastre de la naturaleza extraordinariamente grave”. Y si ese desastre de la naturaleza extraordinariamente grave ocurriera, no hay responsable y no se pagan compensaciones puesto que la ley es omisa en responsabilizar en ese caso al estado japonés.
Podemos suponer que el evento grave ocurrió en marzo de este año, pero la ley no define qué debe entenderse por este acontecimiento y por tanto el estado ha responsabilizado a TEPCO y señalado su obligación de compensar totalmente a las víctimas.
Los accionistas de TEPCO, por supuesto que pretenden librarse de responsabilidad, pero ya el viceministro de finanzas de Japón hizo notar que si la empresa no es responsable, las víctimas se quedarán sin ser resarcidas por los daños que devienen de la exposición a los altos niveles de radiación.
Así las cosas, ayer lunes dio inicio el primer juicio en la materia y que deriva de la demanda interpuesta por un abogado y un accionista de TEPCO en contra del gobierno por no haber excluido de responsabilidad a la empresa de energía conforme a la ley vigente lo que ha generado una caída en el precio de las acciones de TEPCO, demandando pago de daños y perjuicios por 1.5 millones de yenes. Funcionarios estatales presuponen que ésta es la primera de varias demandas que se recibirán por la misma causa.
Es por ello que el Partido Democrático de Japón, al que pertenece el primer ministro actual, Naoto Kan, ha elaborado una iniciativa de reformas a la ley a fin de cubrir las deficiencias de la ley vigente que hoy son evidentes.
Esta iniciativa empieza por definir el desastre de la naturaleza extraordinariamente grave como aquel que exceda al Gran Terremoto de Kanto, ocurrido en 1923 y al Gran Terremoto del Este de Japón, de marzo de este año.
Así, el estado será responsable cuando ese desastre ocurra, pero en la iniciativa se agrega que también lo será cuando la operadora de la planta no sea responsable, con lo que adjudica una responsabilidad expresa al estado, de lo que hoy se adolece.
En la iniciativa también se impone un límite a las compensaciones y el deber del estado de cubrir los costos excedentes cuando los accidente sucedan por otras causas diferentes a eventos de la naturaleza.
Pese a que la iniciativa fue elaborada por el partido gobernante, el primer ministro no está totalmente de acuerdo con el contenido de la iniciativa en cuanto a que el estado asuma la responsabilidad de compensar absolutamente a las víctimas, pero se ha convenido que será esta iniciativa sobre la que se trabaje para lograr una adecuación de la ley.
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