La Comisión Asiática de Derechos Humanos ha denunciado que los reportes y quejas de actos de tortura y malos tratos de la policía a los detenidos se presentan prácticamente todos los días en Sri Lanka, sin que el gobierno de ese país esté tomando acción para resolver el problema.
La Comisión tiene documentados 323 casos que representan tan solo una fracción de los actos de tortura que se cometen en ese país asiático, y que ponen en evidencia no solo el tipo de tortura que se comete o sus razones, sino las deficiencias legales que existen en los procedimientos, desde la recepción de las quejas, su investigación, su persecución y el proceso judicial mismo.
La Comisión elaboró un completo documento en el que expone las razones legales por las cuales la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos no se ha implementado en ese Sri Lanka, pese a ser signatario de ese documento.
La causa más importante que se expone es la propia Constitución de 1978 que coloca al poder ejecutivo, encabezado por un presidente, por encima del estado de derecho y sus leyes, lo que deja en desventaja al poder judicial al momento de defender los derechos individuales frente a los excesos del estado.
Así, se acusa a la propia Constitución de Sri Lanka de propiciar la impunidad a las violaciones de los derechos humanos, particularmente en materia de tortura y malos tratos, y denuncian que en tanto no se someta el poder ejecutivo al imperio de la ley, cualquier esfuerzo que se haga para implementar en el país los términos de la Convención contra la Tortura, serán infructuosos.
Es esta la razón por la cual pese a que la legislación penal del país criminaliza la tortura, no se han conducido investigaciones al respecto desde 2008, año en que por presión internacional se abrieron algunos expedientes, los cuales, sin embargo, no se investigaron apropiadamente. Ha sido el gobierno el que decidió, pese al creciente número de quejas, no investigar estas denuncias.
Además de esto, la ley en Sri Lanka no prevé ni la indemnización a las víctimas de tortura y malos tratos, como lo establece el artículo 14 de la Convención contra la Tortura, ni la rehabilitación física y psicológica a las víctimas de este delito.
El pasado 23 de julio se celebraron elecciones en algunas regiones del país, después de la guerra contra los tamiles de 2009. En estas elecciones, la Alianza Nacional Tamil ganó cerca de dos tercios de los consejos locales, superando a la Alianza para la Libertad del Pueblo Unido, del presidente Mahinda Rajapaksa, quien, por cierto, ha negado a la comunidad internacional que el ejército haya cometido tortura y homicidio en los días finales de la guerra contra los tigres tamiles, pese a la nueva evidencia que se ha presentado de estos excesos.
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