El Senado de Bolivia aprobó la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que quita de las manos de las personas privadas buena parte de las inversiones en el sector de radio y televisión y los deja con una participación máxima del 33 por ciento.
Con esta ley se reparten las frecuencias y, aparte del por ciento que se deja a los privados, se asigna un 33 por ciento al estado, 17 por ciento a pueblos indígenas y otro 17 por ciento a los sindicatos y movimientos sociales, con lo que el estado podría obtener un control del 67 por ciento de las frecuencias porque los sindicatos y los grupos indígenas le son afines.
Con esta nueva ley, contra la que los inversionistas privados del medio no tienen recurso legal alguno, tendrán que cerrar 400 de las 680 radioemisoras registradas en Bolivia, aunque este cierre no será inmediato ni generalizado, sino que tomará en cuenta el vencimiento de las licencias otorgadas por el estado, muchas de las cuales lo hacen en el año de 2017.
Además, por disposición de ley se establece la obligación de los medios de enlazarse en cadena nacional cuando el gobierno así lo solicite.
Una disposición que ha sido muy objetada por la oposición también lo es la que establece que en casos de emergencia y de seguridad del estado, se podrán escuchar las comunicaciones privadas, lo que a decir de algunos senadores vulnera la disposición constitucional sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
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