El pasado martes, en sesión plenaria y con 26 votos en contra y 25 a favor, la Asamblea Legislativa en Costa Rica rechazó el proyecto de Ley Expediente Nº 17900 “Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria”.
Esta iniciativa de ley fue enviada por el poder ejecutivo para dar cumplimiento a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el pasado 23 de agosto del 2010 se pronunció en contra del Estado Costarricense por la violación al derecho a la privacidad, la autonomía y la autodeterminación de las personas en Costa Rica, producto de la prohibición explícita a la práctica de la fertilización in vitro que se practicaba en el país antes del año 2000.
En el año 2000 la Sala de lo Constitucional prohibió en todo el país la utilización de la fecundación in Vitro como técnica de reproducción asistida por considerar que es violatoria del derecho a la vida.
Debido a este fallo, diez parejas que se vieron impedidas de concebir mediante esta técnica, demandaron al estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, y con el fundamento de que la prohibición violaba los derechos humanos en Costa Rica, como el derecho a la privacidad, a fundar una familia, a la no discriminación y al derecho en general de la protección del Estado, ante cualquier situación que propicie el atropello a esos derechos.
La Comisión, después de diez años, concedió la razón a los demandantes y solicitó Costa Rica revertir la situación, otorgando como plazo el 1 de febrero de 2011. En esa fecha el plan presentado por el poder ejecutivo, a cargo de la presidente Laura Chinchilla, no había prosperado por lo que solicitaron una prórroga para el 31 de mayo pasado y una nueva prórroga que se concedió para el próximo 31 de julio.
Sin embargo después de haber sido rechazado el proyecto de ley queda claro que tampoco se cumplirá con esa nueva fecha otorgada al estado por la Comisión, lo cual, no es motivo de preocupación para los diputados que votaron en contra de la misma pues señalan que dicha resolución no es vinculante para el estado y por tanto no es obligatoria.
Está en curso ante la Comisión una segunda demanda que fue admitida el pasado 1° de noviembre, después de que el organismo se había pronunciado sobre la primera demanda.
La iniciativa de ley sobre fecundación in Vitro generó un amplio debate en la sociedad costarricense que versó en materia de bioética, medicina y derecho.
Desde el punto de vista jurídico quienes se opusieron a la ley argumentaron que la iniciativa violentaba los derechos fundamentales de las mujeres ratificados por Costa Rica en documentos internacionales, como el derecho a la no discriminación y a la autonomía, el derecho a la salud, el derecho a elegir el número de hijas e hijos, el derecho a la información y a la confidencialidad, ente otros, y señalaron que la iniciativa incurría en aspectos de inconstitucionalidad.
Por el otro lado, quienes estaban a favor de su aprobación apoyaban su punto de vista en que la prohibición violentaba el derecho a la salud reproductiva de la mujer, el derecho a formar una familia, y también se fundaron en el derecho a la no discriminación.
Debido a esta decisión legislativa, en Costa Rica se sigue prohibiendo la reproducción asistida vía fertilización in Vitro por lo que solo pueden tener acceso a esta técnica las personas con la capacidad económica suficiente para viajar a otros países y lograr la concepción por medio de dicha técnica.
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