En España, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 43 María del Coro Cillán de Madrid, llamó a Ana Rosa Quintana y otros nueve periodistas como presuntos responsables de coacción.
El caso gira en torno a las entrevistas que los medios realizaron a una mujer llamada Isabel García. Ella compareció como testigo en el juicio seguido en contra de su esposo, Santiago del Valle, por el homicidio de la niña Mari Luz Cortés. Ante la autoridad judicial dijo que su esposo era inocente y había señalado como responsable a su cuñada, pero en “El programa de Ana Rosa”, transmitido por televisión, dijo que el homicida era su marido tal y como había declarado en sus primeras manifestaciones ante la Policía y el juez en marzo de 2008.
García tiene una ligera discapacidad mental y fue trasladada de Sevilla a Madrid para realizar la entrevista. Después fue llevada ante las autoridades judiciales para que confesara.
En escenas de la entrevista que no fueron transmitidas al aire, aparece Isabel García, sofocada, a punto de sufrir un desmayo, rogando que pararan la entrevista y retiraran las cámaras. Los responsables de la productora siguieron grabando y se mostraron preocupados porque otros periodistas pudieran acceder al testimonio de la mujer. En este caso, la jueza ha solicitado la grabación completa para revisar el contexto en que se realizó.
Esta entrevista ha cuestionado el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos, ya que muchas veces pretenden realizar el papel de las autoridades judiciales u obtener información con prácticas poco éticas. Cuestionamientos semejantes a los realizados en nuestro país cuando estuvo transitando por distintos medios informativos José Jorge Balderas, alias el J.J., cuando los comunicadores pretendieron que les otorgara una confesión sobre los incidentes en que estuvo involucrado.
El juicio del homicidio de la niña Mari Luz en España, ha estado rodeado de controversia ya que el responsable del homicidio Santiago del Valle, ya contaba con una sentencia condenatoria pero seguía en libertad, lo que generó reclamos al poder judicial por su negligencia que desembocó en el despido de una funcionaria judicial y de un consiguiente paro de tres horas de los juzgados en España.
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