En Argentina fueron imputadas al menos tres consultoras privadas que publican estimados del índice de precios al consumidor, por violar el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial que se refiere a la información inexacta que pueda inducir a error al consumidor.
El citado artículo “prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda incurrir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o servicios".
La decisión de imputar a estas empresas fue tomada después de que el organismo oficial encargado de hacer estas mediciones encontrara, según consta en las notificaciones, "numerosas inexactitudes, inconsistencias y debilidades metodológicas" en las proyecciones y mediciones que realizaron las consultoras imputadas en torno a proyección de la evolución de la inflación y el incremento del índice de Precios al Consumidor.
De acuerdo con el organismo oficial, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la inflación cerró en el 2010 en Buenos Aires en 10.9%, mientras que las consultoras la ubicaron entre el 23% y el 28%.
Lo anterior, según el INDEC, lleva a error a los consumidores y a los productores, lo que a su vez genera un mayor encarecimiento de los bienes y servicios.
Las consultoras imputadas cuentan con un plazo de 10 días para responder a la acusación y presentar las pruebas que les convengan. De ser encontradas culpables podrían ser sancionadas a pagar multas de hasta $120,000 dólares.
El INDEC cambió su metodología de medición en diciembre de 2006, cuando perdió su autonomía debido a la intervención estatal, pero según un consultor, las consultoras siguen la misma metodología del INDEC en la medición, con una muestra más pequeña, por lo que no llevan a cabo ninguna acción ilegal ni fraudulenta.
Las provincias argentinas han estado publicando recientemente sus propias mediciones de preciso al consumidor y revelan que sus cifras son más altas que las del INDEC, siendo semejantes a las de las consultoras con lo que podrían presentar un argumento de defensa a las empresas imputadas por la Secretaría de Comercio.
La denuncia contra la labor del INDEC por parte de la oposición al gobierno argentino ha llegado incluso a nivel sindical por el despido injustificado de un funcionario del organismo de estadística que reveló que las cifras eran manipuladas por el instituto.
Un abogado constitucionalista opinó que la imputación a las consultoras podría considerarse inconstitucional al estarse persiguiendo el derecho de las mismas de expresarse libremente y de informar a la población.
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