El pasado martes 22 de febrero, tras las manifestaciones ocurridas en Libia, el coronel Muammar al-Gadafi, quien ostenta el poder de facto en Libia, se dirigió a su nación y anunció que se emplearía toda la fuerza en contra de los manifestantes y que cualquier persona que fuera detenida por manifestarse se consideraría causante de la guerra civil y sería condenado a la pena de muerte.
Tras estas declaraciones y el bombardeo aéreo y ataque a los manifestantes, miles de libios iniciaron el éxodo hacia países vecinos como Túnez temerosos de su seguridad personal, elevándose una protesta internacional por las agresiones a la población civil.
Por la gravedad de la situación, enla ONU los asesores especiales de este organismo sobre la prevención del genocidio, hicieron un llamado a las autoridades libias para rendir cuentas sobre sus actos y detener sus acciones que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
De esta manera recordaron a Libia que su gobierno se comprometió en la Cumbre Mundial de 2005 a proteger a su población y a evitar el genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes de lesa humanidad, al igual que la incitación a cualquiera de estos atropellos.
Sobre el tema, el fiscal general de la Corte Penal Internacional declaró, sin embargo, que esta Corte carece de jurisdicción en Libia puesto que no se trata de un país adherido al Estatuto de Roma por el cual nació esta instancia que persigue delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y que esta instancia solo podrá intervenir si las autoridades libias le reconocen jurisdicción o si el Consejo de Seguridad de la ONU refiere el caso a la CPI.
Libia es una república popular socialista gobernada por el poder legislativo, llamado Congreso General Popular, y por el Comité General Popular, presidido por el primer ministro, Baghdadi Mahmudi. Muammar al-Gadafi, pese a no detentar cargo gubernamental, es el jefe de facto del estado, bajo el título de Hermano Guía de la Gran Revolución.
La ONU ha sido enérgica al condenar los ataques a la población civil en Libia, sin haber impuesto hasta este momento ningún tipo de sanciones por los hechos, mientras la Unión Europea convocó este miércoles a una reunión del Comité Político y de Seguridad para analizar la situación y la posibilidad de imponer sanciones a Libia.
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