Corte de Apelaciones de Filipinas confirma condena a María Ressa por difamación cometida en medios electrónicos
La Corte de Apelaciones de la Cuarta División de Filipinas confirmó el viernes la sentencia condenatoria a la periodista María Ressa, premio Nobel, y al investigador Reynaldo Santos Jr., por el delito de difamación cometido en medios electrónicos, aumentando la pena máxima de prisión.
María Ressa es la fundadora y directora de la publicación en línea Rappler, feroz crítico de la guerra antidrogas instrumentada por el expresidente Rodrigo Duterte. Por ser un medio crítico, fue duramente perseguido durante el gobierno de Duterte con acusaciones de evasión fiscal a la orden de cierre dictada en 2018 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por supuestamente ser de propiedad extranjera, razón por la cual, pocos días antes de la salida de Duterte de la presidencia, se ordenó el cierre del Rappler.
La sentencia condenatoria confirmada por los jueces Roberto Quiroz, Ramón Bato Jr., y Germano Francisco Legaspi se refiere a la demanda presentada en mayo de 2012 por Wilfredo Keng sobre un artículo publicado en el Rappler, con fundamento en un delito que quedó tipificado cuatro meses después de que se realizó la publicación.
Fundamentando que el artículo fue republicado en 2014 cuando se corrigió el error tipográfico “evation” por “evasion”, la juez Rainelda Estacio-Montesa de la Corte Regional de Manila División 46, falló en contra de la periodista y del investigador, condenándolos a una pena indeterminada de entre seis meses un día a máximo seis años en prisión. En este tipo de sentencias quien decide la duración de la sentencia entre el mínimo y el máximo dictado por la juez es una junta de libertad condicional.
María Ressa y Rey Santos Jr., apelaron la sentencia, pero fue confirmada la semana pasada, aumentando la pena de prisión de seis meses un día a un máximo de seis años, ocho meses y 20 días.
“Si bien la decisión es desafortunada, también es una buena oportunidad para que la Corte Suprema vuelva a analizar la constitucionalidad de la difamación cibernética y la continua criminalización de la difamación, especialmente a la luz de la libertad de expresión y la libertad de prensa”, se declaró sobre la decisión en el Rappler.
En el Rappler se menciona que la decisión “debilita la capacidad de los periodistas para hacer que el poder rinda cuentas”.
“Lo que está en juego en última instancia es nuestra democracia, cuya fuerza se basa en unos medios que no están amenazados por el estado ni intimidados por fuerzas que buscan silenciar las voces críticas”, se agrega.
María Ressa asegura que el Rappler seguirá publicando hasta que se agoten todas las instancias legales. Sin embargo, no es claro todavía qué pasará con la libertad de prensa con el gobierno de Ferdinand Marcos Jr., con algunas personas temiendo que exista aun mayor represión.
Cuando la difamación se tipifica como delito, se suele usar para silenciar a la crítica como lo demuestra este importante caso. Así que despenalizarla no es un “pretexto de la libertad de expresión”, como lo declara el diputado poblano Rafael Alejandro Micalco en la iniciativa en que propone volver a establecer como delito la difamación y la calumnia. Entraña un verdadero peligro a la libertad de prensa y al derecho a la información.
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