En una decisión que ha dado la vuelta el mundo, este lunes un tribunal en Manila, Filipinas, encontró culpable de difamación cometida en medios electrónicos, a Maria Ressa, directora ejecutiva del medio de Internet Rappler, y a un ex investigador del medio, por un artículo publicado en 2012, con fundamento en un delito tipificado cuatro meses después de la publicación.
La denuncia en contra de Maria Ressa, Reynaldo Santos Jr., y el Rappler fue presentada en mayo de 2012 por Wilfredo Keng sobre un artículo publicado acusando de que no lo habían buscado para que expusiera su opinión al respecto. El artículo fue modificado en febrero de 2014 para corregir el error tipográfico “evation” por “evasion”.
El delito por el cual Maria Ressa, Santos Jr., y el Rappler fueron procesados es la difamación cometida por medios electrónicos, tipificado en la Ley de la República 10175 por la ley de Prevención se Ciberdelitos de 2012, que inició vigencia cuatro meses después de que se publicó el artículo en cuestión.
La defensa señaló que no se podía procesar retroactivamente a la fecha de publicación del artículo, pero la fiscalía declaró que como se había hecho una corrección esto equivalía a “múltiples publicaciones”. Incluso señalaron que por la corrección realizada, el artículo original de 2012 ya no se encontraba disponible y solo lo estaba el de 2014.
La defensa argumentó que se trataba de la corrección de un error tipográfico, pero el tribunal concluyó que esta defensa era solo un rumor.
La juez Rainelda Estacio-Montesa de la Corte Regional de Manila División 46, concluyó a favor del argumento de Keng de que repetidamente buscó al medio para que publicaran su versión de la historia, pero que esta posibilidad le fue negada: “Una organización de noticias que afirma adherirse a la precisión, equidad y balance respecto de los reportajes, se hubiera retractado o, por lo menos, publicado un artículo aclaratorio si había algún indicativo de falsedad en el artículo previo … Esto claramente muestra malicia.”
En su defensa, Maria Ressa dijo que ella es directora ejecutiva y como tal no edita los artículos a lo que la juez declaró que no usar el término “editor en jefe” es “un esquema … una artimaña inteligente para evitar la responsabilidad a la que los funcionarios de unan organización de noticias pueden ser sujetos bajo el Artículo 360 del Código Penal revisado”, en relación con la Ley de Prevención de Ciberdelitos.
Aunque se encontró responsabilidad de Ressa y de Santos Jr., el tribunal concluyó que el Rappler no tenía responsabilidad en el caso porque la fiscalía no presentó evidencia en contra de la empresa.
De esta forma, Maria Ressa y Reynaldo Santos Jr., fueron sentenciados a un pena indeterminada de entre seis meses un día a máximo seis años en prisión. En este tipo de sentencias quien decide la duración de la sentencia entre el mínimo y el máximo dictado por la juez es una junta de libertad condicional.
La sentencia ha llamado la atención porque Maria Ressa se ha destacado por ser una tenaz crítica al gobierno de Rodrigo Duterte razón por la cual el Rappler ha estado sujeto a diversos ataques legales que han pasado por la acusación de evasión de impuestos a la orden de cierre dictada en 2018 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por supuestamente ser de propiedad extranjera. Estas acciones legales siguen en proceso y en tanto no haya una sentencia definitiva, el medio tiene la autorización de seguir operando.
En la sentencia de esta semana la juez escribió que “el mandato del tribunal es decidir exclusivamente sobre la base de la evidencia presentada por las partes y aplicar la ley. No más, no menos.”
“Los Tribunales tienen la tarea de sentar un balance entre la ejecución del derecho de uno de expresarse y la protección del derecho de otro en contra de la difamación a su honor y reputación sin tomar en cuenta la importancia de las personalidades involucradas”, se lee en la sentencia, asegurando que “no hay una restricción a la libertad de expresión y de prensa.”
“El derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa no pueden ni deben usarse como un escudo contra la rendición de cuentas", se agrega.
Pese a esta acotación de la juez, la sentencia ha generado mucho malestar entre las asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos que ven en este proceso una forma usada por el gobierno para silenciar a la crítica periodista.
“El veredicto en contra de Maria Ressa subraya la capacidad del abusivo líder filipino de manipular las leyes para perseguir las voces críticas de medios respetados cualquiera que sea el costo final para el país”, declaró Phil Robertson, el representante en Asia de Human Rights Watch.
“El caso del Rappler repercutirá no solo en Filipinas sino en muchos países que durante largo tiempo han considerado al país como un entorno sólido para la libertad de los medios."
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