Pese a haber solicitado se sostuviera decisión de constitucionalidad de la sedición, gobierno de la India pide a Suprema Corte no decidir sobre este delito
Está programado para hoy que un panel de tres magistrados de la Suprema Corte de India, entre ellos el Presidente de la Corte Suprema, N.V. Ramana, analicen si las peticiones que cuestionan la constitucionalidad del delito de sedición debe remitirse a un Tribunal Constitucional de cinco o siete jueces.
Frente a esta posibilidad, el lunes, el Ministerio de Asuntos Internos anunció a la Corte Suprema su intención de “reexaminar” y “reconsiderar” el delito de sedición en el “foro adecuado”, en el marco de las celebraciones de los 75 años de la independencia de la India y la promesa de Narendra Modi de la necesidad “como nación, [de] esforzarnos aún más para deshacernos del bagaje colonial que ha superado su utilidad, que incluye leyes y prácticas coloniales obsoletas”, como se menciona en la declaración presentada al máximo tribunal.
Lo interesante es que esta decisión de “reexaminar” y “reconsiderar” el tipo penal por el que se sanciona la conducta o el discurso para incitar a la rebelión en contra del estado, se ha tomado días después de que el gobierno presentó una nota a la Suprema Corte para que sostuviera una decisión tomada en 1962 en la que establece la constitucionalidad del delito de sedición.
La sedición fue regulada en la India en 1898 cuando era colonia británica, en un afán de proteger a las autoridades coloniales en contra de la rebelión de la población. Este delito fue usado en contra de Gandhi y demás promotores de la independencia de la India para silenciarlos y, en su momento, el primer primer ministro del país, Jawahar Lal Nehru, al presentar la primera iniciativa de reforma a la Constitución en 1951, enfatizó que ese delito no tenía lugar en la India.
Sin embargo, el delito sigue vigente. En 1962, después de que una persona presentara las varias imputaciones que le hicieron por sedición en el estado de Bihar, la Suprema Corte concluyó que el Artículo 19(2) del Código Penal de la India que regula este tipo penal es constitucional porque el estado está facultado para limitar la libertad de expresión para mantener el orden público. Es esta decisión que recientemente el fiscal general de la India, K.K. Venugopal pidió a la Suprema Corte que confirmara como “legalmente vinculante”.
En esa petición, el fiscal general pidió que se sostuviera el delito de sedición, pero revisando caso por caso y no de forma generalizada.
Este semana, sin embargo, la postura parece haber cambiado y frente a la posibilidad de la que Suprema Corte revise de forma integral todas las peticiones que existen al respecto, el gobierno pide tiempo para que la disposición sea “reexaminada” en el foro adecuado.
Dando razones para este cambio de postura, el Ministerio de Asuntos Interiores se refirió a las “claras e inequívocas” opiniones del primer ministro Narendra Modi a favor de la “protección de las libertades civiles, del respecto a los derechos humanos y de dar significado a las libertades constitucionales apreciadas por los habitantes del país”.
“[El primer ministro] ha dicho repetidamente que una de las fortalezas de la India son las diversas corrientes de pensamiento que florecen maravillosamente en nuestro país”, se lee en la declaración presentada el lunes en la Suprema Corte.
Pese a esta opinión, son varias las personas que han sido imputadas por sedición en los diferentes estados, muchas de ellas opositoras del gobierno. Veremos si los magistrados conceden al gobierno ese tiempo para “reexaminar” y “reconsiderar” el tipo penal en el “foro adecuado”, y si el gobierno, efectivamente, hace este examen.
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