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Obligación de retiro por Covid-19 de persona de la tercera edad en Irlanda, fue un despido injustificado

El organismo laboral de la República de Irlanda, Workplace Relations Commission, concedió la razón a un hombre de 70 años de que haberlo obligado a retirarse para proteger su salud por la epidemia de Covid-19 equivale a un despido injustificado.

El caso fue presentado a la Comisión por James Spencer quien, fundamentando su reclamo en la Ley de Despido Injustificado y la Ley de Equidad en Trabajo, acusó a su patrón, Heavey Technology-Quality Labels Ltd., de haberlo despedido al haberlo impuesto una edad de retiro obligatoria sin que él hubiera estado de acuerdo.

Durante la audiencia que se verificó en marzo, la abogada de James Spencer, Michelle Quinn de la firma Colm O’Cochlain & Co, expuso que en 2015, cuando James Spencer llevaba cinco años trabajando para la firma, se le presentó un contrato laboral en el que se detallaba la edad de retiro, vinculada a la edad de elegibilidad para la pensión estatal que actualmente es de 66 años.

“Sin embargo, él nunca firmó el contrato. Un contrato no puede ser modificado unilateralmente”, expuso la abogada Quinn.

En 2020, cuando la autoridad sanitaria de Irlanda emitió reglas sobre el Covid-19, James Spencer pidió a sus jefes que le permitieran ausentarse del trabajo.

En junio de 2020, cuando solicitó regresar a trabajar, recibió una carta firmada por el director general de ventas.

“Ahora estoy convirtiendo en una política oficial de la empresa que la jubilación se realice de acuerdo con la edad de jubilación estatal, que actualmente es de 66 años... es un cambio de política que creo que debe implementarse dado el entorno actual”, se lee en esa carta que fue presentada como evidencia.

En esa misma misiva se convocó a James Spencer, actualmente de 70 años, a una reunión. De acuerdo con la abogada Quinn, su representado tenía la expectativa de seguir trabajando conforme con sus capacidades y habilidades, bajo las medidas sanitarias pertinentes y tomando en consideración que otras personas siguieron trabajando después de la edad de retiro. En su lugar, fue despedido.

“El quejoso fue despedido por su edad y no porque el empleador ejerciera un término de jubilación pactado del contrato de trabajo”, argumentó la abogada Quinn.

Durante la audiencia en marzo, el director de la compañía, Patrick Burke, dijo que la empresa “facilitó un proceso de jubilación que fue flexible” en “tiempos normales”.

“La empresa invocó el término de la edad de jubilación establecido en el contrato de trabajo debido a las pautas de salud pública que indicaban que las personas mayores, como el quejoso, eran más vulnerables al virus”, dijo Patrick Burke. “Para protegerlo, la empresa hizo valer su derecho a jubilar al empleado”, puntualizó.

En su decisión, Brian Dalton, de la Comisión de Relaciones Laborales, señaló que “no existen pautas de salud pública que requieran que un empleador retire a los empleados mayores de 66 años porque son más vulnerables [que] los empleados más jóvenes”.

“Pudo haber sido razonable si la decisión se hubiera basado en un consejo médico independiente, pero no lo fue”, agregó el oficial en su decisión. “El hecho es que muchos empleados en esta categoría de edad continuaron trabajando durante la pandemia y tomaron las precauciones necesarias para minimizar el daño a ellos mismos. No hay evidencia que sugiera que este empleado no estaba en condiciones de trabajar”.

La decisión continúa: “Conforme con la evidencia, el gerente hizo un cambio unilateral sin derecho a hacerlo. ¿Es razonable ese cambio? ¡La razón es que el empleado es vulnerable y, por lo tanto, debe jubilarse! Esto no es razonable, ya que la decisión del gerente distorsiona las pautas de salud pública para justificar su decisión”.

De esta forma, considerando que el despido fue injustificado, que James Spencer sufrió “pérdidas financieras muy significativas” y que difícilmente será contratado nuevamente, condenó al patrón a pagarle 31,558 euros por el despido injustificado, una cantidad equivalente a 18 meses de su salario bruto anual de 21,039 euros.

La razón del patrón de “proteger la salud” del empleado, no fue tomada como válida para un despido.

Más información irishtimes.com

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