Mazo judicial

 

Magistrado acusado de haber tratado de influir en otros magistrados a favor de Jacob Zuma, pierde caso para evitar juicio político

En Sudáfrica sigue adelante el proceso para llevar ante la Asamblea Nacional al presidente del Tribunal Superior de la División del Cabo Occidental, juez John Hlophe, acusado de haber tratado de influenciar a dos magistrados del Tribunal Constitucional a favor del expresidente Jacob Zuma.

Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica de mayo de 2009 a febrero de 2018, enfrenta numerosas acusaciones penales por fraude, corrupción, lavado de dinero y por crimen organizado por 783 supuestos pagos que le hicieron en relación con el negocio de armas cuando era ministro en la provincia de KwaZulu-Natal.

La acusación en contra del juez Hlophe es de 2008 cuando supuestamente trató de influir en dos magistrados de la Corte Constitucional sudafricana para que fallaran a favor de Jacob Zuma, que en 2005 fue acusado de violación, en una decisión que le abrió paso a la presidencia del país.

En abril de 2021, el Tribunal de Conducta Judicial convocado a finales de 2020 para evaluar la conducta del juez John Hloph, concluyó que el magistrado trató de influir en los dos magistrados constitucionales. La decisión unánime del Tribunal de Conducta fue que el juez Hlophe infringió la Sección 165 de la Constitución “al haber intentado indebidamente influir en dos jueces de la Corte Constitucional para que violaran sus juramentos.”

En su decisión, el panel, sin embargo, confirmó la integridad de los jueces de la Corte Constitucional al tomar la decisión que favoreció a Jacob Zuma, limpiando así todo el proceso de ese momento y confirmando la legitimidad de la presidencia de Zuma.

La decisión del Tribunal de Conducta fue enviada a la Comisión de Servicios Judiciales que decidió enviar el caso a la Asamblea Nacional, órgano legislativo, para que revise y decida si es procedente remover al juez de su cargo.

En contra de esta decisión, el juez Hlophe presentó recurso ante el Tribunal Superior de Johannesburgo argumentando que la decisión de la Comisión de Servicios Judiciales era incorrecta porque tomó testimonio de personas a las que no debía hacerlo, además de otras irregularidades del proceso, como la equivocada calificación de su conducta como “mala conducta grave”, una de las causales para iniciar procedimiento acusatorio o juicio político ante la Asamblea Nacional. En este sentido, el juez pedía al Tribunal Superior que se refiriera a la Asamblea Nacional la pregunta de si había cometido o no mala conducta grave.

Esta semana, el Tribunal Superior de Johannesburgo falló en su contra al resolver por unanimidad de votos que la evidencia presentada por Hlophe para detener el proceso no tenía fundamento y era irracional.

Además, se concluyó que la Comisión de Servicios Judiciales no se extralimitó en sus facultades y que no se demostraron motivos suficientes para justificar una revisión de su decisión.

Desde 1997 el procedimiento para que el presidente pueda remover del cargo a jueces y magistrados pasa por dos etapas. La primera, que ha concluido en el caso del juez Hlophe, en la que la Comisión de Servicios Judiciales concluye que el o la juez "sufre de una incapacidad, es gravemente incompetente o es culpable de mala conducta grave".

La segunda etapa se lleva ante la Asamblea Nacional en donde se analiza y vota la conclusión tomada previamente. Para que proceda la remoción del cargo, dos terceras partes de los asambleístas deben votar a favor.

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