Letrero Brexit

 

Se recurre facultad del gobierno de derogar sin intervención del Parlamento leyes de ayuda estatal basadas en legislación europea

En el Reino Unido, la organización Good Law Project está recurriendo la decisión del gobierno de usar las llamadas “cláusulas de Enrique VIII” para reformar toda la legislación vigente que en materia de ayudas estatales incorporó legislación europea, sin necesidad de revisión del Parlamento.

Se trata de una decisión tomada por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, BEIS por sus siglas en inglés, que después de firmada la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en lo que se conoce como Brexit, invocó las “cláusulas de Enrique VIII” para repeler todas las normas incorporadas en la legislación británica de ayudas estatales basadas en legislación europea.

Las “cláusulas Enrique VIII” son disposiciones en una ley que facultan a los ministros a reformar o a derogar disposiciones contenidas en una ley parlamentaria mediante el uso de legislación secundaria, con diferentes grados de intervención del Parlamento, que en casos puede ser nula. Se trata de una ley que en 1539 facultó al rey Enrique VIII a gobernar por decreto.

Esta legislación secundaria es creada por los ministros para regular ciertos aspectos de las leyes parlamentarias. Podríamos asemejarlas a reglamentos de ley porque son facultad exclusiva del ejecutivo respecto de leyes del legislativo. Tienen, sin embargo algunas diferencias como que su regulación no es tan específica lo que da pie a interpretaciones.

El caso de la acción legal de Good Law Project se basa en una interpretación de las “cláusulas Enrique VIII” porque señalan que no son poderes tan amplios que permiten un cambio de política de amplio alcance como derogar todas las disposiciones de ley europea. Para la organización, permitirse las derogaciones en conjunto en materia de ayudas estatales abre la puerta para que se hagan estas derogaciones masivas en materia de derechos laborales o de medio ambiente sin necesidad de que el Parlamento intervenga estableciendo un equilibrio de poderes. Para la organización, la falta de escrutinio el Parlamento “presenta un importante asunto en materia de constitucionalidad.”

El abogado Jolyon Maugham, líder del proyecto, declaró: “Los ministros pueden ahora reescribir las reglas en todo, desde tus derechos en el trabajo hasta protecciones ambientales.

“No es exagerado declarar que cualquier parte de la ley previamente tocada por la Unión Europea está ahora al alcance del gobierno. El gobierno está arrebatando poder del Parlamento y dando carta blanca a los ministros para que rehagan casi cada aspecto de la vida nacional.”

Se espera que el BEIS responda esta acción judicial pues cuando fue notificado de la intención de presentarla, se respondió que creían que estaban usando correctamente los poderes otorgados por la ley y que no veían a la acción legal “una perspectiva realista de éxito.”

De momento, un vocero del Departamento respondió que no pueden comentar sobre una acción legal en curso, pero dijo que “no se reducirán los derechos de los trabajadores como lo ha reiterado el nuevo ministro de negocios múltiples veces.”

Desde el punto de vista del derecho administrativo británico se trata de una interesante acción legal que podría limitar los alcances de facultades conferidas al gobierno hace más de 500 años.

Más información theguardian.com /parliament.uk

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