Repartidores argentina

 

Un juez de Buenos Aires, Argentina, decidió suspender las actividades de las firmas de entregas de comida a domicilio, incluyendo las que se realizan a través de aplicaciones, Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que demuestren que cumplen con los requisitos legales.

El caso inició en octubre del año pasado cuando las empresas de mensajería presentaron un amparo en contra del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), exigiendo que les inscriba en el Registro Único de Transporte en Motovehículo y/o Ciclorodados de la ciudad de Buenos Aires (RUTMC), sin pagar ningún derecho o tarifa, alegando que cumplen con el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires que regula la prestación del servicio de entrega de mercaderías incluyendo alimentos, así como con las disposiciones en materia laboral y en materia de salud.

Las empresas de mensajería destacaron en su demanda que las aplicaciones no cumplen con ninguna de estas normas por una supuesta autonomía laboral. Las aplicaciones se presentaron al juicio de amparo alegando que no cumplen con la normatividad porque no les resulta aplicable ya que no se trata de empresas que realicen “…reparto de mercaderías ni de sustancias alimenticias, limitándose a intermediar entre distintos usuarios de la plataforma: comercios aliados, repartidores y consumidores finales”.

Sin embargo, el juez concluyó que ya sea por propio reconocimiento, por haber presentado solicitud de inscripción al RUTMC, o por las características del servicio, Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que además son las que controlan el mercado de este tipo de servicios, se dedican al reparto de mercaderías, incluyendo alimentos, por lo que están obligados a cumplir con el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires así como con las normatividad en materia laboral y de seguridad social.

En su decisión el juez destaca que Pedidos Ya, Rappi y Glovo vienen cometiendo un fraude laboral ya que, aunque existe una relación de trabajo entre los repartidores y las aplicaciones, una subordinación técnica, económica y jurídica, éstas la niegan.

Ayer el juez concedió el amparo colectivo a las empresas repartidoras, ordenando al GCBA que aplique las disposiciones de tránsito, laboral y provisional a las personas físicas y/o morales que presten los servicios de mensajería y reparto de sustancias a domicilio en bicicleta o moto  y que clausure a toda aquella empresa que no esté inscrita en el RUTMC y que no cumpla con las disposiciones, advirtiendo que si las autoridades no evitan el desarrollo de la actividad de forma irregular, serán responsables penal y administrativamente.

Además, se mantienen las medidas cautelares hasta en tanto la sentencia sea firme, es decir, el GCBA debe realizar controles preventivos y decomisar las mercancías que se pretendan entregar, mientras que los bancos no pueden aceptar los pagos con tarjetas de crédito en relación con estos servicios.

El juzgador también prohíbe el desarrollo de la actividad a las personas físicas y/o morales que no se encuentren inscritas en el RUTMC. Con esta decisión prácticamente ninguna empresa, incluyendo las que promovieron el amparo y  a Rappi, Glovo y Pedidos Ya, puede prestar el servicio hasta que no concluya su trámite en el registro.

La sentencia destaca las consecuencias de la inacción del GCBA para hacer cumplir el Código de Tránsito y otras disposiciones aplicables, citando el caso de un hombre de 63 años que colabora con Glovo, que fue atropellado, quedando tendido en el suelo y sangrando. Cuando el hombre se reportó con los administradores de la aplicación, para informarles que había sufrido un accidente, que estaba muy lastimado y no podía moverse, el único tema que le preocupó a Glovo fue que el pedido estuviera en buen estado.

La actitud del consumidor tampoco fue nada empática. Llegó al lugar del accidente y abrió la caja donde se trasladan los productos para llevarse su pizza, mientras que el repartidor continuaba tendido en el suelo, esperando que una ambulancia llegara para auxiliarlo.

A nadie ha gustado la sentencia, así que el GCBA y las aplicaciones han anunciado que apelarán. En tanto, para la Asociación de Personal de Plataformas (AppSindical), "el único resultado de la prohibición es más clandestinidad y más precariedad. Si este es el futuro del trabajo, vamos a pelear porque sea con los derechos que nos corresponden. No es la solución a nuestros reclamos. Queremos derechos laborales y nos dejan sin trabajo".

El problema es que la ley 5.526, del 5 de mayo de 2016, que hace modificaciones al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires claramente establece que “los interesados (en prestar este servicio) deberán obtener la inscripción en el Registro…, como condición previa para el funcionamiento…”, es decir, si nadie tiene registro, nadie puede operar. Así, todas las empresas han venido prestando el servicio de forma irregular, lo que fue reconocido abiertamente por el GCBA en el proceso judicial al informar al juzgado que no hay nadie inscrito en el RUTMC.

Estos servicios ya existen en México, como Uber Eats, así que vale preguntarse bajo que condiciones están operando y si los repartidores cuentan con protección laboral y de salud.

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