Oso de peluche en una maleta

 

El jueves de esta semana, la Suprema Corte de la India, actuando por su propio interés, ordenó el establecimiento de tribunales especiales en los distritos en los que existan más de 100 proceso penales pendientes de resolución respecto de abuso y agresión sexual a menores, delitos regulados en la Ley de Protección a la Infancia de Delitos Sexuales, POCSO por sus siglas en inglés.

La decisión fue tomada por un panel de jueces de la Suprema Corte, liderados por el presidente del máximo tribunal, Ranjan Gogoi, como respuesta al alarmante incremento de delitos sexuales en contra de niños y el largo tiempo de espera que hay en los tribunales para su resolución. El caso fue presentado por la misma Suprema Corte como una PIL, Public Interest Litigation, que permite que los mismos tribunales o cualquier persona que no sea agraviada presente a consideración de los tribunales un asunto de seriedad.

La PIL, registrada como “Sobre el re-alarmante incremento del número de reportes de incidentes de violaciones a niños”, se presentó motivada por el reporte que la misma Corte ordenó y en el que se muestra que del 1 de enero al 30 de junio de este año, se han presentado 24,212 denuncias de estos delitos en toda India.

De estas denuncias, 11,981 siguen bajo investigación de la policía y en 12,231 casos la policía ha presentado cargos. Sólo en 6,449 casos ha iniciado el proceso y se reporta que están por iniciar otros 4,871. Hasta ahora, los tribunales han sentenciado sólo en 911 casos que representan el 4 por ciento de los casos registrados.

Considerando esas cifras, los magistrados decidieron el establecimiento de estos tribunales especiales los que serán completamente financiados por el gobierno central por lo que el magistrado presidente instruyó al fiscal general de la India a pedir al ejecutivo que haga disponibles esos fondos. El fiscal general queda obligado a presentar un informe sobre este trámite a la Corte Suprema en 4 semanas cuando se reúnan nuevamente para discutir este asunto.

Para el establecimiento de los tribunales especiales, el gobierno central debe tomar en cuenta que deberá pagar no sólo los salarios de jueces y personal administrativo y de apoyo, sino también para crear una infraestructura que no sea intimidatoria para los infantes.

El magistrado Gogoi hizo notar que en estos casos las niñas y niños son víctimas traumatizadas que necesitan ser tratadas con compasión y gentileza por lo que no necesitan que sus casos sean dilatados en ninguna parte del proceso. Esto significa que se necesita tomar una nueva aproximación en la investigación y proceso de estos casos.

En sus palabras, el presidente magistrado se refirió particularmente a los estados en donde “la privacidad en los tribunales significa echar una cortina entre la víctima de POCSO y el imputado”.

“Nos preocupan los estados en donde apenas hay infraestructura; donde el magistrado apenas tiene sitio; donde él o ella se sienta en un pequeño recinto de cuatro por cuatro. Estos funcionarios presidentes carecen de la infraestructura básica, pero aun así están cubiertos por casos derivados de nuevas leyes ... Nueva ley significa una nueva responsabilidad y una carga adicional para ellos ... Estos son los problemas reales que afectan al poder judicial y no al Colegio de la Corte Suprema”, declaró el magistrado Gogoi.

Asimismo, se instruyó a que en el establecimiento de estos tribunales especiales se cuente con personal de apoyo que vincule al menor con el tribunal y que se trate de personas comprometidas con esta labor, con excelentes calificaciones académicas y dedicados a defender los derechos de la infancia.

Pese a que no se decidió también a favor de la creación de laboratorios forenses para la exclusiva resolución de estos casos, el magistrado Gogoi insistió en que los directores de los laboratorios que funcionan deben atender los casos relacionados con estos delitos a la brevedad y sin mayores dilaciones.

Los casos de ataques sexuales a niñas, principalmente, son alarmantes en el país asiático. En 2018 reportamos de un caso mortificante en el que abogados de la región en donde violaron y mataron a una niña de 8 años se oponían a la presentación de cargos en contra de los sospechosos, entre ellos el cuidador del templo donde se cometieron los delitos y un policía acusado de la destrucción de evidencia.

Más información thehindu.com

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