Pinochet y su esposa

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ordenó la devolución del dinero y bienes decomisados a familia del dictador Augusto Pinochet, valuados en más de seis millones de dólares, y entre los que destacan 23 propiedades, documentos bancarios y diversos vehículos.

Esto es lo que se conoce como el Caso Riggs. En 2004, como parte de las investigaciones del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos para perseguir el rastro de financiamiento del terrorismo internacional, se descubrió la existencia de por lo menos 125 cuentas secretas de Pinochet que en total representaban al menos 27 millones de dólares. Muchas de ellas fueron abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.

El caso inició en 2004 y alrededor de mediados de 2007 se ordenó la detención de familiares y personas relacionadas con Pinochet, 23 en total, sin embargo éstas personas apelaron y  después de un largo proceso judicial, la Corte Suprema les concedió el amparo al considerar que “no se advierte que los encausados tuvieran conocimiento y voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos», además, indica que hubo "clara violación de sus garantías individuales, y que el delito de malversación de caudales públicos es "imposible" de cometer por personas que jamás detentaron un cargo fiscal ni tuvieron fondos públicos bajo su tutela.

Pero la Corte Suprema ordenó la realización de una auditoría contable sobre los bienes de Pinochet, actualmente embargados.

El caso siguió en contra de seis acusados que sí fueron funcionarios públicos y el 7 de mayo de 2014 se les dictó sentencia por malversación de fondos públicos, por un total de 6.5 millones de dólares. Este fallo decretaba el decomiso definitivo de todo el dinero, muebles y propiedades que estaban a nombre de Augusto Pinochet o de alguna de las sociedades que se le atribuían.

Finalmente, esta semana la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó restituir los bienes decomisados al considerar que el delito de malversación de fondos públicos ya prescribió. Asimismo, se revocó la sentencia dictada en contra de los seis exfuncionarios, al determinar que no existió un delito continuado de malversación de recursos desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripción de la acción penal.

El asunto aún no concluye porque el Consejo de Defensa del Estado puede presentar un recurso de casación para que se revise la sentencia.

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