El Tribunal Regional de Primera Instancia de Muntinlupa City, Filipinas, emitió una orden de aprehensión en contra de la senadora Leila De Lima a la que se le fincan acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia que acusa a la senadora De Lima de haberse coludido con internos de la prisión Bilibid y haber protegido el tráfico ilegal de drogas a cambio de dinero mientras fue secretaria de Justicia durante la pasada administración de José Benigno Aquino.
La senadora está acusada de haber infringido la Sección 5 de la Ley de Drogas Peligrosas que prohíbe la venta, comercialización, administración, dispensación, entrega, distribución y trasportación de drogas ilegales.
“Después de una cuidadosa evaluación de esta información y toda la evidencia presentada durante la investigación preliminar conducida en este caso por el Departamento de Justicia, Manila, el Tribunal encuentra una causa probable suficiente para emitir Órdenes de Aprehensión en contra de los acusados Leila M. De Lima, Rafael Marcos Z. Ragos y Ronnie Palisoc Dayan”, se lee en la resolución redactada por la juez que presidió, Juanita Guerrero.
Al respecto, Alex Padilla, abogado de la senadora De Lima, cuestionó la integridad del tribunal diciendo que podría estar actuando como un “adjunto” del poder ejecutivo.
“Es decepcionante que nuestros tribunales regulares estén siendo usados como adjuntos del poder ejecutivo. Ellos han desechado prácticamente su independencia”, declaró a los medios el abogado.
La senadora Leila De Lima, de 57 años de edad, es abogada, defensora de Derechos Humanos y política. Fue nombrada en 2008 presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas por la entonces presidente Gloria Macapagal Arroyo. En junio de 2010 fue nombrada secretaria del Departamento de Justicia por el presidente José Benigno Arroyo, cargó que dejó para contender por un escaño en el Senado que logró durante las elecciones generales de 2016.
La senadora ha sido una de las voces opositoras más fuertes en contra de la política del presidente Rodrigo Duterte respecto del tráfico de drogas, que ha supuesto la detención y ejecución ilegal de cientos de personas en Filipinas, política que ha desatado brotes de violencia en el empobrecido país asiático.
La semana pasada la senadora declaró que estaba preparada para “el peor escenario” respecto del caso que estaba siendo armado por el Departamento de Justicia y señaló a Rodrigo Duterte como la persona que está detrás de estas acusaciones, diciendo que él quiere verla en prisión.
Filipinas es un país que pese a tener una relativa estabilidad política, con los cambios de gobierno acusaciones van y vienen en contra de administraciones anteriores. Así, durante el gobierno de José Benigno Aquino se procesó por fraude a la expresidente Gloria Macapagal Arroyo y en este proceso incluso se imputó a un magistrado de la Suprema Corte, que al haber declarado inconstitucional una orden presidencial para evitar que la expresidente saliera del país, fue señalado por corrupción.
Más información philstar.com
miabogadoenlinea.net
Se permite la reproducción parcial o total, con crédito a miabogadoenlinea.net
