En una carta abierta dirigida al 16° presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, hizo un llamado para que revise el alto índice de muertes extrajudiciales de acusados dela comisión de delitos y para que no se reinstale la pena de muerte en el país.
Rodrigo Duterte, un controvertido político que hizo un comentario de muy mal gusto sobre la violación en grupo de una periodista australiana fallecida, juramentó como presidente de Filipinas el pasado 1° de julio. Entre otras promesas, durante la campaña presidencial prometió acabar con la delincuencia, entre tres a seis meses.
En su carta abierta, la CIJ ha pedido al nuevo gobierno que investigue las ejecuciones extrajudiciales que se han presentado en el país, así como las desapariciones de personas, las que se han incrementado desde que Duterte asumió la presidencia. De esta forma, se ha reportado que 136 acusados de la comisión de algún delito han muerto entre el 30 de junio y el 11 de julio de este año.
“También estamos preocupados por sus recientes declaraciones que parecen fomentar los homicidios extrajudiciales de aquellos que se involucran en la venta y distribución de drogas ilegales en las Filipinas”, se lee en la carta publicada por los juristas de la CIJ.
Por lo anterior, los integrantes de la CIJ han recordado a Duterte que al haber tomado posesión del cargo se comprometió a respetar el debido proceso, señalándole que el estado de derecho es inquebrantable.
Asimismo, el grupo expresó preocupación por las declaraciones de Rodrigo Duterte de reinstalar la pena de muerte en Filipinas.
“Entendemos que la administración se ha comprometido en una lucha contra la delincuencia en el país, pero no hay evidencia de que la pena de muerte sea disuasiva de la comisión de delitos en una tasa más alta que otras formas de castigo”, se lee en la carta.
Así, la CIJ señala que considera que la imposición de la pena de muerte es una “violación del derecho a la vida y a la absoluta prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
La respuesta de Rodrigo Duterte sobre los homicidios extrajudiciales de los acusados de tráfico de drogas ha sido el perdón presidencial a los policías involucrados en estas ejecuciones extrajudiciales a fin de que puedan cumplir con sus funciones sin temor de ser procesados.
A sus críticos respondió: “Después de que deje Malacañang (la residencia presidencial) habré firmado esto: Perdón otorgado a Rodrigo Duterte. Firma Rodrigo Duterte”, advirtiendo que se otorgará perdón a sí mismo por perdonar a los policías que ejecuten extrajudicialmente delincuentes, anticipando que debido a su edad no podrá ser obligado a prestar tiempo en prisión.
Como parte de esta discusión también dijo no “estar asustado de los Derechos Humanos”. “No permitiré que mi país sea lanado a los perros. No permitiré que mi país sea destruido”, concluyó sobre el tema el 16° presidente de Filipinas.
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