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Una Corte Divisional (equivalente a una corte de apelación) ha determinado que el gobierno del Reino Unido no tiene autoridad bajo lo que se conoce como “prerrogativa real” para, en términos del artículo 50  del Tratado de Lisboa, notifique la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La Corte Divisional ha establecido que la “prerrogativa real” es aplicable en la política exterior en la medida en que no tienen un efecto en la legislación local especialmente aquella aprobada por el Parlamento, destacando además que hace cientos de años se estableció el principio de que la “prerrogativa real” no puede utilizarse para remplazar legislación aprobada por el Parlamento.

En este contexto, la Corte considera que es contrario al texto de la Ley de Comunidades Europeas de 1972 y a los principios constitucionales de soberanía del Parlamento tratar de ejercer la "prerrogativa real", especialmente ante la ausencia de cualquier disposición que permita la aplicación de la misma para cambiar una ley.

Así, la decisión de notificar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tendría que pasar forzosamente ante el Parlamento.

Un portavoz de la primera ministra Theresa May, ha declarado tras conocer el fallo, que "el gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal". "El país votó por abandonar la UE en un referéndum aprobado por el Parlamento, y el gobierno está determinado a respetar el resultado del referéndum", ha dicho, antes de confirmar que recurrirán la sentencia ante la Suprema Corte.

Si la Suprema Corte confirma que el asunto debe pasar por el Parlamento, los analistas ven poco probable que los legisladores bloqueen la salida de la Unión Europea, porque, aunque la mayoría de los legisladores se opone a la salida de la UE, pocos estarían dispuestos a revocar una decisión tomada por los electores que los eligieron, y que en el referéndum mayoritariamente votaron por el “sí”.

Lo que sí podrían hacer es tratar de reconducir el proceso hacia una salida más limitada, la opción que se conoce como Brexit blando, que priorice el acceso al mercado único renunciando a la intransigencia con el control de fronteras, pero la primera ministra quiere todo lo contrario.

Más información washingtonpost.com


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