Birrete y mazo

La audiencia en el juicio promovido por la asociación People’s Challenge ante la Suprema Corte del Reino Unido para oponerse a que la primera ministra ponga en marcha el proceso de salida de ese país de la Unión Europea, sin someter el tema previamente al Parlamento, se pospuso hasta el próximo martes.

En el caso promovido por Gina Miller, fundadora en Chelsea del fondo de inversión SCM Private, y por la peluquera Deir dos Santos, secundadas por la asociación de expatriados People’s Challenge, se cuestiona que solo la primera ministra y su gabinete, sin intervención del Parlamento ni de las naciones descentralizadas que forman parte del Reino Unido, Irlanda del Norte y Escocia, tengan la facultad de establecer cuándo se hace la notificación de la salida y cómo se llevará a cabo el proceso, conforme al artículo 50 del Tratado de Lisboa.

El centro del debate es que cuando se aprobó el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea se hizo a través de la Ley de Comunidades Europeas de 1972, que fue aprobada por el Parlamento, y que desde el punto de vista de los demandantes otorgó ciertos derechos a los ciudadanos que ahora se verían afectados al salir de la Unión Europea.

Es por eso que se considera necesario que para revertir esta Ley es necesario que la decisión pase por el Parlamento nuevamente. “Una legislación solo puede ser retirada por otra legislación”, explican. La Primera Ministra Theresa May ha aceptado que el Parlamento controle las negociaciones de salida de la UE, pero ha remarcado tajantemente que no permitirá que vote la activación del Artículo 50.

El Gobierno invoca la llamada “prerrogativa real”, de origen medieval y que concede poderes al ejecutivo al amparo de la Corona. Es una figura controvertida, que permite, por ejemplo, que muchos temas de asuntos exteriores no pasen por el Parlamento y los lleve en solitario el ejecutivo.

Sin embargo la Bill of Rigths de 1689, la Carta de Derechos que fortaleció al Parlamento prohíbe expresamente el uso de la prerrogativa real para suspender una ley.

De fallar la Corte Suprema que la invocación del artículo 50 debe pasar por el Parlamento, generaría una crisis política porque en la Cámara de los Comunes existe una mayoría de diputados partidarios de la permanencia en la UE, o al menos que lo eran en la campaña del referéndum.

Por lo pronto, Brexit ya está causando problemas a los consumidores porque la libra se ha devaluado un 17% por lo que Unilever, productora de alimentos y distintos productos para el hogar, está pidiendo a los supermercados una compensación de 10% por sus productos, invocando que parte de ellos se producen en el extranjero y le resultan más caros con la depreciación de la divisa. Pero la cadena de supermercados se niegan a pagar dicha compensación, lo que ha provocado paulatinamente una escasez en ciertos productos que ya no han sido surtidos por Uniliver.

Algunos critican la medida de Unilever ya que parte de los productos relacionados con esta controversia, como la Marmita, una pasta comestible untable subproducto del proceso de elaboración de la cerveza tradicional, típico en los desayunos en el Reino Unido, se producen en ese país, por lo que no deberían verse afectados por la devaluación.

Los Supermercados Sainsbury’s, otra de las grandes cadenas, advierte que no podrá absorber los costes extra de la devaluación de la divisa y que se notará en los precios.

Las armadoras japonesas que tienen sus plantas en Japón también están exigiendo una compensación que les proteja en contra del posible arancel que deberán pagar por exportar los vehículos que fabrican a la Unión Europea.

Más información abc.es


miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, con crédito a miabogadoenlinea.net