Mazo judicial

El juez Cranston del Tribunal Superior del Reino Unido, apoyó la petición presentada por la asociación People’s Challenge, creada mediante crowfunding, y ordenó al gobierno británico revelar los documentos secretos en los que fundamenta la aseveración de que solo la primera ministra Theresa May puede activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para notificar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

De esta forma se ha ordenado en primera instancia que el gobierno revele esta documentación antes de la audiencia del próximo 13 de octubre.

La petición deriva del resultado del referéndum convocado por el que los británicos votaron por la salida de su país de la Unión Europea, lo que se ha conocido como Brexit, que exige que se de notificación de la salida al resto de los miembros de la Unión. El gobierno ha insistido que se trata de un tema de “la más alta política” por lo que solo la primera ministra y su gabinete, sin intervención del Parlamento ni de las naciones descentralizadas que forman parte del Reino Unido, Irlanda del Norte y Escocia, tiene la facultad de establecer cuándo se hace la notificación de la salida y cómo se llevará a cabo el proceso.

“Es una decisión centrada políticamente con fundamento en una multitud de políticas nacionales e internacionales y de intereses políticos para los cuales la experiencia de los ministros y sus funcionarios están bien adaptados y los tribunales poco adecuados”, han dicho en la audiencia los abogados del gobierno al fundamentar la postura oficial.

Sin embargo, el juez Cranston ha estado de acuerdo con los abogados que representan a People’s Challenge que se oponen a Brexit. El abogado John Halfod explica así la decisión judicial: “La orden judicial permite que se muestren las razones secretas del gobierno para creer que ellos solos pueden llevar a cabo Brexit sin ningún significativo escrutinio parlamentario”.

“Aquellos que estaban inquietos por la insistencia del gobierno de mantener en secreto su defensa ahora quedarán sorprendidos por su contenido, incluyendo las aseveraciones de que Brexit no tiene constitucionalmente nada que ver con los gobiernos descentralizados de Escocia e Irlanda del Norte, que el parlamento ‘claramente entendió’ que estaba entregando cualquier facultad que pudiera tener al aprobar la Ley e Referéndum de la Unión Europea, que no tiene control para realizar y denunciar tratados y que los individuos pueden ser despojados de sus derechos fundamentales conferidos en leyes parlamentarias cuando y si el ejecutivo se retira de los tratados que les dieron origen”.

El abogado Halford explicó que todos estos argumentos serán discutidos judicialmente el próximo mes, pero “ahora pueden ser debatidos por el público también”.

Más información theguardian.com

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