La revista TV Notas en su edición del 3 de mayo publicó una nota en la que afirman revelar los verdaderos motivos del divorcio de la actriz y cantante Mariana Ochoa y Christian Eskenazi, para ello hacen uso de una videograbación de una conversación de Mariana Ochoa y dos personas más en una cafetería, presentando inclusive en su sitio de Internet parte de ese video.

 

La actriz, con justa razón, considera que se ha violado su intimidad, por la forma en que se obtuvo esa información, es decir, grabando una conversación privada.

 

Conforme al párrafo doce del artículo 16 constitucional las comunicaciones privadas son inviolables y establece que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Asimismo, señala que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

 

El artículo 16 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que son comunicaciones privadas, entre otras, las que se realicen de forma oral, que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

 

Como seguramente no existe esa autorización judicial, esa grabación fue obtenida de forma ilegal, conducta que el artículo 177 del Código Penal Federal considera delito, señalando que se aplicarán de seis a doce años de prisión y trescientos a seiscientos días de multa a quien intervenga una comunicación privada, sin mandato de autoridad judicial correspondiente.

 

Así, Mariana Ochoa estaría en posibilidad de presentar una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por la comisión de este delito.

 

Adicionalmente, en términos del Código Civil del Distrito Federal y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (LRCPDVP), podría pedir una indemnización por daño moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión.

 

La LRCPDVP señala que la intimidad comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que por desarrollarse en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de terceros o a su divulgación, cuando no se han difundido por el titular del derecho o no son de interés público que es definido como los datos, hechos y actos que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática, es decir que interesan o pueden interesar a la sociedad como colectivo.  Mariana Ochoa se encuentra en los supuestos de la Ley, por lo que sería viable que demandara la indemnización por daño moral.

 

La revista puede argumentar a su favor que está ejerciendo los derechos a la información y de la libertad de expresión, pero al igual que otros derechos estos tienen un límite. La Suprema Corte de Justicia señala que una intromisión a la intimidad es válida cuando los hechos o datos publicados tengan un interés o relevancia pública, debiendo considerarse el caso en concreto y la forma en que la persona ha modulado el conocimiento público sobre su vida privada.

 

Tal vez el medio de comunicación podría salir librado en cuanto al daño moral, aunque desde nuestro punto de vista esto constituyó un abuso de los derechos a la información y de la libertad de expresión, pero difícilmente lograrán librarse de la responsabilidad penal, por lo que Mariana Ochoa debería ejercer sus derechos para detener estas ilegalidades de los medios de comunicación.

 

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