Santa Margarita de Cortona, José de Mora

 

Tras una denuncia recibida y la consecuente petición del Ministerio de Cultura de España, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional de ese país europeo inició la investigación sobre la procedencia de una escultura y determinar si las monjas clarisas han incumplido la ley que les prohíbe el libre comercio de sus bienes.

El asunto se refiere a una escultura de Santa Margarita de Cortona, obra del escultor barroco José de Mora (1642-1724). Se trata de una pieza que se situaba a la derecha del altar de la iglesia del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Granada, de la orden de las franciscanas clarisas. Se trata de un convento que cerró a principios de 2018 por falta de vocaciones.

La escultura se encontraba listada para una subasta a realizarse en Nueva York, con precio inicial de 350,000 euros. Se trata de una pieza que contaba con el permiso de exportación concedido por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes, que es el órgano del Ministerio de Cultura y Deporte de España que, entre otros, informa sobre la conveniencia de conceder autorizaciones para la exportación e importación de bienes culturales.

La pieza es propiedad del galerista español Nicolás Cortés quien asegura que adquirió la pieza de un anticuario en 2017, habiendo pagado por ella 100,000 euros. Dijo que inicialmente no sabía de quien era la escultura y que después, tras un análisis, la atribuyeron a José de Mora. Como parte de las investigaciones presentó la factura a la Policía Nacional.

La persona que denunció que esta escultura estaba listada para ser subastada, denunció el año pasado otro lote de obras procedentes del mismo convento las que, según las autoridades, no estaban a la venta y regresaron a Granada, aunque el denunciante manifiesta sus dudas al respecto. Respecto de la escultura de la santa, alertó al Ministerio de Cultura de su venta por estar en contravención de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 que establece que la Iglesia tiene prohibido el libre comercio de sus bienes y solo puede hacerse cargo de ellos el estado.

A esta denuncia, el Ministerio de Cultura respondió que la obra contaba con el permiso de exportación porque el propietario había presentado la factura que la atribuía a una colección privada. Sin embargo, dio parte a la Policía Nacional “para que investigue la procedencia de la escultura y compruebe si se ha realizado una venta de patrimonio eclesiástico contraviniendo el artículo 28.1” de la mencionada ley que dispone lo siguiente: “Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas”.

Sobre esta situación, sor Josefa, responsable de la coordinación de los conventos de las franciscanas clarisas, declaró al diario El País que se trata de otra escultura puesto que en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles no había ninguna escultura con esa advocación, y la que los feligreses muestran en varias fotografías es una escultura de santa Rosa de Viterbo, la cual, dijo, está en posesión de las monjas, aunque no precisó la ubicación.

La monja explica que se trata de dos esculturas diferentes y basa este análisis en la posición de las manos, aunque expertos que aseguran que se trata de la misma pieza observan que cambiar la posición de las manos es realizable y que en la escultura en cuestión sufrió un cambio de las manos.

De determinarse que se trata de la misma escultura, la venta sería declarada nula y la pieza regresaría a la orden de clarisas. Cabe señalar que conforme con la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, la venta de esta obra por parte de las monjas no se tipifica como un delito sino como una infracción administrativa por lo que se puede imponer una multa.

Lázaro Gila, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada, declaró a El País que con el cierre de los conventos las imágenes se están vendiendo sin ningún control “y a saldo”. Se trata de un hecho que el académico califica de “gravísimo”.

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