María Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil "Alto al Secuestro", y Nelson Vargas denunciaron que por violaciones al debido proceso el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de Circuito le otorgó un amparo directo a un presunto secuestrador, por lo que se ordenó su inmediata y absoluta liberación.

El presunto secuestrador, Isidro Solís Molina o Isidro Solís Medina, fue sentenciado a 34 años de prisión, sin embargo presentó un amparo en contra de esta sentencia al considerar que existieron violaciones al debido proceso ya que al ser identificado por la víctima a través de la cámara de Gesell, se hizo sin la presencia de su abogado defensor.

El Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito le negó el amparo y solicitó la revisión al Tercer Tribunal, que finalmente consideró que sí existieron violaciones al debido proceso.

En sus declaraciones a la prensa, la señora Wallace ha subrayado que se liberó al presunto secuestrador con base en una disposición que no estaba vigente al momento en que fue detenido, solicitando al Poder Judicial que “los criterios que se emitan sean para un futuro como pasa en Estados Unidos y nunca de manera retroactiva como se ha venido haciendo en México ya que violenta las garantías de la victima y le deja en total y absoluta indefensión”.

Además, la presidenta de la organización Alto al Secuestro considera que el Tribunal concedió indebidamente el amparo ya que “en el momento en que fue realizado el reconocimiento, la normatividad no requería la presencia del abogado del imputado en la cámara de Gesell”

La señora Wallace se refiere a distintos criterios que han sido establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos y que se relacionan con la reforma de junio de 2008 que establece el nuevo sistema penal acusatorio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, considera que, partiendo del principio pro persona, previsto en el artículo 1° constitucional, vigente a partir de junio de 2011, en su vertiente de "preferencia interpretativa" y “preferencia de normas”, se debe preferir aquella interpretación y/o norma que favorezca más a las personas.

Es por ello que desde 2012 la SCJN ha establecido que el artículo 20 Constitucional antes de la reforma de junio de 2008, que preveía en su apartado A, fracción IX, que el acusado “tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza”, con base en el principio de interpretación pro personae, debe interpretarse en el sentido de que una "defensa adecuada", requiere la necesaria intervención de un abogado, que puede ser privado o público, en todas las etapas procedimentales en las que interviene el imputado.

En consecuencia, significa que, inclusive, la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones, a fin de garantizar que el procesado tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente.

Este criterio inclusive ya es jurisprudencia obligatoria para los tribunales y así la reforma relacionada con el sistema penal acusatorio de junio de 2008 que en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción VIII, establece que la defensa adecuada debe ser proporcionada por abogado, se hace aplicable en todos los casos.

Por otra parte, en concordancia con el criterio de que el abogado defensor debe estar presente en todas las actuaciones, diligencias y etapas del procedimiento penal en que participe directa y físicamente el imputado, la SCJN ha establecido en tesis de jurisprudencia que la ausencia del defensor en la diligencia de reconocimiento o identificación, como la que se efectúa a través de la Cámara de Gesell, genera como consecuencia la invalidez de esas diligencias, lo mismo que las subsecuentes que derivaron de ello, ante la ilicitud primigenia de la prueba de origen.

El Alto Tribunal considera que es necesaria la presencia del defensor ya que, de lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos para tal efecto, además de cumplirse con las formalidades mínimas para garantizar los principios de debido proceso legal y obtención de la prueba lícita.

Es posible que el caso de Isidro Solís Molina o Isidro Solís Medina, estos criterios sean los que se hayan aplicado, pero el caso tienen más aristas, como que la orden de liberación se relacionan únicamente con los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en la causa penal 1/2009; pero si esta persona estaba sujeta a proceso por otras causas penales, no debió haber sido liberado.

En fin, ¿Queríamos un país en donde se respetarán los derechos humanos y el debido proceso? Pues nos vamos a hartar.


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